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Ciudad de México.
Entre abril de 2015 y enero de 2018 sólo 10% de las personas acusadas por tráfico de totoaba han recibido una condena penal por este delito, de las 213 personas presentadas ante el Ministerio Público, sólo en 21 casos la Procuraduría General de la República (PGR) ha obtenido condenas penales.
Información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a EL UNIVERSAL señala que estos 21 casos están relacionados con el aseguramiento de 137 ejemplares de totoaba y 804 vejigas natatorias, también conocidas como buches.
Autoridades consideran que la cifra de condenas “no es baja”; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil demandan el castigo a quienes incurran en el tráfico de totoaba, cuya pesca es la principal amenaza para la vaquita marina, la cual muere asfixiada en las redes de enmalle.
Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, detalló que hasta el momento no se tiene resuelto un caso de tráfico de totoaba bajo la óptica de delincuencia organizada. Consideró que el número de condenas penales obtenidas “no es bajo”, debido a que son investigaciones que requieren de mucho tiempo para acreditar la responsabilidad de los implicados y más si pertenecen a alguna organización criminal.
“El Ministerio Público y el juez deben acreditar la participación que cada uno tuvo en la actividad que estaba llevando a cabo. Yo no calificaría este número como bajo, por esta complejidad que se tiene de demostrar la participación que tiene cada persona, no los consideraría así, creo que avanza, a lo mejor falta más difusión sobre estas condenas, para de alguna manera tratar de disuadir o inhibir que se lleven a cabo este tipo de acciones”, dijo.
El 7 de abril de 2017 se publicó una reforma del artículo 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, mediante la cual el tráfico de vida silvestre de especies en riesgo puede ser investigado y en su caso sancionado como delincuencia organizada.
Con mayor autoridad
González Moreno detalló que esta reforma dota a los ministerios públicos de mayores herramientas para llevar a cabo una investigación financiera o telefónica, a fin de demostrar la existencia de una estructura criminal, en la que cada uno de sus integrantes ha recibido un beneficio. Comentó que aún no se ha resuelto un caso de tráfico de totoaba bajo el enfoque de organizaciones criminales.
“El objetivo es desmantelar esas organizaciones criminales, pero investigar a cada uno de sus miembros acorde con el nivel de participación que tenga dentro de la estructura criminal, eso es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público, por eso es que se hace más complejo”, subrayó.
Las penas por el tráfico de totoaba van de cuatro a ocho años de prisión para aquellos que reciben órdenes, para quienes lideran estos delitos las sanciones pueden ser de ocho a 16 años de cárcel.
Para combatir el tráfico de totoaba, dijo, se ha buscado la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos y China, se ha establecido el intercambio de información entre las agencias de inteligencia de estos dos países para integrar las carpetas de investigación sobre las bandas criminales dedicadas a este ilícito. La vejiga de este pez, conocido como buche, puede costar hasta 60 mil dólares en el mercado asiático, debido a que se le atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas.
El funcionario de la Profepa indicó que se requiere fortalecer la sensibilización de los consumidores para reducir la demanda de esta especie y las implicaciones de su pesca, la cual ha puesto al borde de la extinción a la vaquita marina, de la cual se estiman quedan menos de 30 ejemplares. De 2015 a la fecha la Profepa registró el hallazgo de seis cadáveres de esta marsopa, las cuales tenían rastros de redes de enmalle.
Acciones
En abril de 2015 se puso en marcha el Programa de Atención Integral del Alto Golfo de California, desde entonces y hasta enero de este año se han asegurado 704 buches de totoaba. En ese mismo periodo, se registró el hallazgo de 304 cadáveres de totoaba estaban enmallados en distintas redes que ilegalmente se han colocado en el mar y que los inspectores, infantes y gendarmes han extraído del Alto Golfo de California.
Entre 2015 y 2017 el gobierno federal ha invertido más de 2 mil millones de pesos para acciones de conservación de este cetáceo; sin embargo, la pesca furtiva ha prevalecido en el hábitat de la vaquita marina.
Luego de que se suspendiera la etapa de búsqueda de vaquitas marinas, la cual pretendía atrapar ejemplares de esta marsopa para intentar su reproducción en un santuario, el 9 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció medidas para fortalecer la estrategia de rescate de este cetáceo, la cual contempla tres ejes de acción: compensación a pescadores; protección en el refugio ampliado de la vaquita, y refuerzo en la inspección y vigilancia del polígono.
Se prevé invertir en tres granjas de totoaba, para hacer un aprovechamiento sustentable de esta especie, con lo que se busca controlar su tráfico ilegal e impulsar de forma paralela la economía de las comunidades del Alto Golfo de California.
Para Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, estas medidas son un “paso adelante”, se debe avanzar en la aplicación de la ley “sin ningún tapujo” para castigar a quienes incurran en este delito; resaltó que se requiere de mayor capacitación en los ministerios públicos para que puedan encontrar los elementos suficientes para sentenciar a los traficantes.
“Las leyes en términos de papel son muy buenas, lo que falta es la voluntad de realmente aplicarlas, sí se han capturado a estas personas, pero no se aplican las leyes. Una parte es corrupción, falta de conocimientos jurídicos, el crimen organizado tiene mucho que ver porque más allá del tráfico de totoaba, está el tráfico internacional de drogas. Es la misma ruta y son las mismas personas las que mueven las drogas y los buches de totoaba”, expresó.
Se “agota” el tiempo para la vaquita marina
Para Juan Carlos Cantú, director de Programas de Defenders of Wildlife en México, el tiempo para la vaquita marina “se está agotando”, debido a que cada vez quedan menos ejemplares, por lo que se necesitan tomar acciones inmediatas para salvar a esta especie de la extinción.
Una de las medidas inmediatas, dijo, es la implementación de artes de pesca alternativos que no representen un riesgo para la marsopa, como son las líneas de pesca utilizadas en la pesquería deportiva; acusó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha retrasado la implementación de nuevas técnicas para pescar.
“Las autoridades han sido incapaces de detener la pesca ilegal en el Alto de California, ante este panorama se tiene que cambiar el paradigma de cómo se realiza esta actividad, las autoridades como Conapesca no han impulsado nuevos métodos menos dañinos para la vaquita”.
Alejandro Olivera, director del Centro para la Diversidad Biológica, consideró que el mercado legal de la totoaba implica regular todo el proceso de crianza de la totoaba, desde el origen de los ejemplares para cultivarlos, hasta su destino, los lugaresen los que se venderá.
“No es lo mismo liberar y cultivar totoabas que huachinango, es una oportunidad que debe ser tomada, con mucho cuidado, se debe tener claro de donde van a provenir los ejemplares, si de su entorno silvestre o de un laboratorio, a dónde se va a vender. De lo contrario puede ser una forma de alimentar el tráfico de la totoaba”.
