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Un juez federal concedió el primer amparo contra la decisión del gobierno federal de cancelar el Programa de Estancias Infantiles.
El juicio de amparo 674/2019 fue tramitado en abril pasado y ayer el juez Segundo de Distrito con sede en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, otorgó la protección federal a Viviana “N”, quien tramitó el amparo a nombre de su hijo, y a Yadira “N”, operadora de la estancia infantil a la que asistía el menor de edad, para que la administración federal, a través de la Secretaría de Bienestar, les restablezca el apoyo que recibían conforme a las reglas del año pasado.
Es decir, que no se aplique la reducción presupuestal prevista en las reglas de operación emitidas en febrero pasado por la Federación, que implicaban un pago de 800 pesos mensuales por niño en lugar de 950 pesos, y que los recursos se entreguen a la responsable de la estancia infantil y no a los padres de familia, como estableció la Secretaría de Bienestar.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Yadira “N” y Viviana “N”, madre del menor cuyas iniciales son CVDT, contra los actos reclamados a la Secretaría de Bienestar y a la Cámara de Diputados.
“Que la Secretaría de Bien- estar ordene las adecuaciones necesarias para cubrir el monto del programa en la forma en que se venía haciendo conforme a las Reglas de Operación 2018, esto es por el monto de 950 [pesos] por niño inscrito al 31 de diciembre de 2018 y que el recurso se entregue conforme a esta última normatividad, es decir, directamente al operador de la estancia infantil, en este caso la quejosa Yadira ‘N’, no así a los padres de los menores”, se lee en la sentencia que ayer por la tarde fue notificada a las partes.
El juez indicó que si las adecuaciones presupuestarias que realice la Secretaría de Bienestar no resultan suficientes para entregar los montos conforme a lo ordenado en la sentencia, la Cámara de Diputados debe realizar lo necesario para que la reducción del recurso prevista para el ejercicio 2019 no le afecte a la operadora de la estancia infantil que ganó el amparo.
La sentencia fue emitida ayer, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador puede impugnarla mediante un recurso de revisión.
“Es el primer amparo que se gana en todo el país, de los más de 600 que se han tramitado, y ya no es suspensión provisional ni definitiva. Sólo queda que si las autoridades quieren recurrirlo, vayan ante el Tribunal Colegiado, pero éste ya se pronunció, entonces queda que vayan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]”, declaró el diputado Mario Mata Carrasco (PAN).
Sólo en Chihuahua se han tramitado 176 juicios de amparo, en 60 de ellos se han promovido incidentes porque las autoridades no han acatado las suspensiones, agregó el legislador.
Mata Carrasco expuso que la Secretaría de Bienestar y la Cámara de Diputados no tienen más salida que acatar y restituir el apoyo, mismo que fue suspendido a nivel nacional al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde febrero pasado, el gobierno federal publicó las nuevas reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles, con las que la entrega directa de los recursos a los padres de familia se realizaría mediante la integración de un padrón, el cual no ha sido completado hasta el momento.
El Ejecutivo federal explicó que la decisión de cambiar las reglas fue debido a que supuestamente muchas estancias infantiles registraban más niños de los que realmente tenían inscritos para cobrar más dinero.
Denuncia desacato. Empero, el diputado del PAN, Mario Mata Carrasco, acusó que la Cámara de Diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Bienestar, están en desacato en otra resolución en la que se concedió una suspensión definitiva a beneficiarias de otra estancia infantil en el mismo estado.
La medida fue otorgada por Salvador Tercero Martínez, juez Decimoprimero de Distrito en Chihuahua, el pasado 10 de mayo, pero ante el incumplimiento desde el 17 de junio la Cámara de Diputados fue emplazada a acatar la suspensión “en el inexcusable plazo de 24 horas”.
El acuerdo establece un apercibimiento a ambas autoridades para que de no cumplir se dé parte al Ministerio Público de la Federación por desacato a un mandamiento emitido por un juez de amparo.
Por ello, Mata Carrasco demandó ayer una respuesta a la Cámara Baja, pero el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, dijo no saber del caso y ofreció responder este viernes.
“Están en desacato totalmente”, sostuvo el diputado de Acción Nacional, quien quiso expresar eso desde su curul durante la sesión de la Cámara de Diputados; sin embargo, le fue cancelado el audio, por lo que no pudo continuar su lectura.
