La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Judicial son aliados para restituir a las víctimas los derechos violentados y evitar que se afecte la dignidad de las personas, resaltó el Ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, quien recordó que su objetivo común es defender la legalidad y el Estado de derecho.
Al participar en la mesa Derechos Humanos y Estado de Derecho: el Papel del Juez en el Régimen Democrático, dentro del Encuentro de Coordinadores de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación: El Juez y el Estado de Derecho en las Democracias Contemporáneas, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez puso en relieve que el sistema no jurisdiccional abreva de las sentencias del Poder Judicial y precisó que la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución es hoja de ruta de la actividad de la CNDH .
Destacó que los sistemas universal y regional de protección y defensa de los derechos humanos son complementarios y nunca sustitutos de los órganos nacionales. Esa complementariedad los enriquece al tener como objetivo común prevenir que se cometan violaciones a la dignidad de las personas, que haya justicia para las víctimas, se les restituyan sus derechos y la correspondiente reparación del daño.
Apuntó que la CNDH y el Poder Judicial son aliados para evitar afectaciones a la dignidad de las personas y restituirles los derechos conculcados. Enfatizó que el organismo, magistrados y jueces “no defienden delincuentes, sino la legalidad y el Estado de derecho”.
El ministro Alberto Pérez Dayán dijo que actualmente el orden jurídico entrega al juzgador un papel fundamental de gran poder, en el que diseña indirectamente políticas públicas, mientras que la sociedad le exige que sea un refugio para lograr la plenitud de sus derechos.
El papel del juez constitucional es fundamental en un Estado democrático de derecho, resaltó la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, puesto que legitima su labor a través del dictado de sentencias, estudio y actualización permanente. Además, dijo que los juzgadores tienen la obligación de respetar los derechos humanos y la responsabilidad de aplicar el marco jurídico nacional e internacional a cada resolución emitida.
Detalló que los jueces deben implementar políticas públicas con perspectiva de género dentro de sus labores de impartidores de justicia, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y dar acceso a la justicia sin restricción alguna a ese grupo en situación de vulnerabilidad, porque es parte de los pendientes que enfrenta México.
José de Jesús Orozco, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH , se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su encomienda de defender esas garantías en la región. Destacó que un ejemplo de su trabajo es su intervención en el caso Ayotzinapa, sobre el cual ha expresado señalamientos, aunque sin carácter vinculatorio.
Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que “en tiempos de grandes cambios y expectativas la misión del juez constitucional es mantener la vigencia rigurosa, estricta y constante del Estado de derecho, porque finalmente es la garantía para todos”.
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