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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias , 496 por tratos crueles, inhumanos o degradantes , y 118 por tortura del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, las cuales se concentraron principalmente en cuatro estados, alertó Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) quien destacó la necesidad de que se implemente un registro nacional sobre ese flagelo.
Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México son las entidades federativas en donde se reportaron el mayor número de quejas por esos motivos y concentraron 25% de las quejas por detenciones arbitrarias , mientras que Reynosa y Nuevo Laredo son los municipios del país en los que más veces ocurrió ese hecho violatorio.
Al participar en el foro Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, organizado por el MNPT y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Domínguez Leal destacó que “el poder público tiene el deber y obligación de respetar el debido proceso y no puede perseguir delitos a costa del mismo. El sistema de justicia tiene como su centro a la persona humana, a la que debe dar el máximo de protección”.
“La Policía Federal y la Secretaría de Marina son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en dicho periodo, de acuerdo al número de quejas recibidas”, afirmó la directora ejecutiva del MNPT, mientras que Veracruz y Oaxaca fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles , así como los municipios de Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en esos casos, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración fueron las autoridades con mayor número de quejas.
Explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos.
“En la lucha por erradicar la tortura se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias iniciales ante el Juez de Control y en las Agencias del Ministerio Público; elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , y que la Procuraduría General de la República (PGR) garantice la participación de todas las voces en la conformación del programa”, enfatizó Domínguez Leal.
Destacó que es de gran importancia establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura , porque será una herramienta de investigación que contará con información estadística sobre todos los casos en los que se denuncia y se investigue ese flagelo, incluido el número de víctimas. Indicó que debe impulsarse en la PGR y en las fiscalías estatales que esa base se actualice de manera permanente, con el fin de “abatir la cifra negra de tortura y malos tratos , y construir indicadores y datos estadísticos para combatir su impunidad, así como lograr la reparación integral a las víctimas”.
Audrey Oliver Muralt, directora de Programas Regionales de la APT, dijo que la ley general en la materia es buena, pero debe implementarse en la práctica de manera efectiva. Añadió que otro obstáculo es el desconocimiento que las autoridades tienen de la ley.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que la promulgación de la ley general fue una apuesta importante del Estado mexicano en la lucha contra los tratos crueles e indignantes , además de que envió el mensaje de que esa práctica no debe tener cabida en el actuar de las autoridades mexicanas.
Destacó como desafíos que la mayoría de las entidades todavía no cuentan con una fiscalía o Unidad Especializada para la investigación de ese delito, ni existe registro de los casos que ayuden a entender el problema y enfrentarlo.
El embajador Claude Heller, del Comité contra la Tortura de la ONU , indicó que ante la tendencia de algunos países de América Latina, entre ellos México, de dar mayor participación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el mecanismo es poderosa herramienta de prevención y también es necesaria la voluntad política de las autoridades estatales.
mpb
