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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió al Congreso de la Unión que se escuche la voz de las víctimas en el debate sobre la creación de la Guardia Nacional, y rechazó su creación en los términos que indica el dictamen aprobado en comisiones.
“Sentimos la ausencia de las víctimas, no solo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por los miembros de las Fuerzas Armadas”, señaló.
En el tercer día de audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, González Pérez refutó de nueva cuenta que la creación del nuevo cuerpo de seguridad “representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamo s”.
“La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país”, dijo.
El ombudsman también advirtió que las audiencias públicas no deberían ser una simulación, frente a la impresión de que la creación de la Guardia Nacional es una determinación ya tomada, ya que debilitarían la credibilidad de la 64 Legislatura.
“Llama la atención que de manera paralela a la realización de estas audiencias que, en el contexto de austeridad imperante han sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, sino formalmente, cuando menos mediáticamente, el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional.
“Si estas Audiencias terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en ocasión de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior [...] se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta Legislatura”, declaró.
González Pérez también recalcó el llamado de la CNDH para que existan 33 fiscalías autónomas en el país, y se nombre a un Fiscal General de la República autónomo a la administración del gobierno federal.
“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente”, abundó.
lsm
