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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer una recomendación por la omisión de servidores públicos de varias instancias federales que provocaron la revictimización de una adolescente migrante originaria de Honduras que denunció haber sufrido violación sexual .
La adolescente, de 13 años, fue detenida por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Central de Autobuses de San Miguel de Allende, Guanajuato, y trasladada a la estación migratoria de esa ciudad. Al día siguiente, cuando compareció ante la autoridad migratoria, declaró que fue víctima de violación y que deseaba presentar una denuncia. Sin embargo, su solicitud no fue escuchada y tres días después fue trasladada a la estación migratoria en la Ciudad de México.
El 9 de febrero de 2016 la CNDH solicitó al INM medidas cautelares para la adolescente para que fuera trasladada de forma inmediata a un Centro de Asistencia Social (CAS), se garantizara su seguridad e integridad física y psicológica, y se realizaran las gestiones ante el agente del Ministerio Público para que pudiera presentar su denuncia.
Al día siguiente personal del DIF-CDMX acudió a la estación migratoria para hablar con ella, pero no la encontró ni la buscó posteriormente. En esa misma fecha, personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF (PFPNNA) acudió a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para garantizar los derechos de la adolescente, pero sólo estuvieron en la diligencia de retrato hablado.
En enero de 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa por la denuncia que presentaron los padres de la adolescente en Honduras cuando salió de ese país, y el 11 de febrero de ese año inició la segunda averiguación, el delito de violación. Se determinó acumular los dos procesos en una tercera averiguación, que está en integración. El 24 de febrero de ese año el INM resolvió el retorno asistido de la adolescente a Honduras.
Tras esos hechos, la CNDH detectó omisiones en las que incurrieron servidores públicos del INM, la PGR, la PFPNNA y del DIF-CDMX para atender la menor, lo que ocasionó que se violaran sus derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, protección a la salud y al interés superior de la niñez.
La CNDH observó que la menor permaneció detenida en dos estaciones migratorias, situación que está prohibida por la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras irregularidades.
En la recomendación, la Comisión solicitó al INM inscribir a la menor en el Registro Nacional de Víctimas, así como localizarla y darle la atención psicológica que requiera; a la PGR, realizar las diligencias para integrar a la brevedad la tercera averiguación previa para sancionar al responsable de la violación; a la PFPNNA le pidió instruir a su personal para que dicte medidas de protección cuando se abra una carpeta de investigación y a la Dirección General del DIF CDMX le solicitó instruir a sus trabajadores para que cuando un niño o adolescente esté involucrado en un procedimiento administrativo migratorio se le brinde la asistencia y orientación social respectiva.
