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Por violaciones graves a los derechos humanos y una mala investigación en el homicidio de 49 personas ocurrida en mayo de 2012, en Cadereyta, Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) y a los gobierno de Nuevo León y Tamaulipas.
En la recomendación 8VG/2017, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó qué hay servidores públicos responsables de la procuración de justicia, tanto en el ámbito federal, como en el local, que no actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes, o las efectuaron de manera deficiente, para la adecuada investigación.
El 13 de mayo de 2012 fueron encontrados 49 restos en Cadereyta , de acuerdo con la investigación de las autoridades, la organización criminal de los Zetas , se le relacionaba con los hechos.
La CNDH acreditó que los agentes del ministerio público de la federación y locales, no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos.
Tampoco realizaron diligencia encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería, entre otras.
"De igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias que les realizaron", enfatizó.
En la investigación, el organismo también observó omisión en que incurrieron los agentes del Ministerio Público, tanto del ámbito federal como local, para llevar a cabo diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.
"Por lo anterior, la CNDH c onsidera que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas, por lo cual solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, a aquellos familiares de las personas fallecidas que no han sido inscritas, para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral", señala la recomendación.
Al Gobernador de Nuevo León se le pidió que el procurador estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR; ofrezca disculpa pública a familiares de las víctimas y se publique en dos medios de comunicación nacionales; se levante un memorial por migrantes desaparecidos.
Mientras que al gobernador de Tamaulipas "se le solicita colaborar en la denuncia que la CNDH presentará ante la Procuraduría de esa entidad y la Coordinación de Asuntos Internos de la misma".
ahc
