La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) detectó irregularidades al integrar las averiguaciones sobre la desaparición de un ex elemento de la Secretaría de Marina , por lo que emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República ( PGR ) y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo .
El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y acceso a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán cometidas en la integración de las respectivas averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la denuncia presentada por el padre de la víctima.
Indicó que de la revisión efectuada a cinco investigaciones ministeriales, las autoridades de ambos fueros omitieron diligencias que por su relevancia debieron ordenarse con prontitud desde el inicio de su respectiva investigación para evitar la pérdida de información que pudiera haber aportado datos respecto a la ubicación de la víctima y que fuera útil para encontrar a los probables responsables.
Detectó también que las autoridades no brindaron la información correspondiente a los familiares sobre el avance sobre las diligencias que se llevaron a cabo para la localización.
En la Recomendación 37/2018, al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República , Alberto Elías Beltrán, y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo , que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas , se brinde atención psicológica a los padres e hijos de la víctima, y que se continúe la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 4, no sin antes instrumentar medidas eficaces para la búsqueda y localización del afectado.
Entre otras medidas también pidió que se instruya a la Visitaduría General de la PGR y a las áreas de supervisión de la Procuraduría Estatal para que revisen semestralmente las carpetas de investigación iniciadas por desaparición de personas, para que ningún caso deje de ser investigado y se realicen las diligencias para su correcta integración de conformidad con el Protocolo Homologado correspondiente.