La erradicación de graves violaciones a los derechos humanos no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como la Guardia Nacional que se propone, se requiere una política integral que haga que la seguridad pública sea responsabilidad de autoridades civiles, destacó Luis Raúl González Pérez , presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , quien reconoció también la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley de Seguridad Interior.
Al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el ombudsman dijo que el organismo saluda la determinación tomada por el pleno de la Corte en el sentido de invalidar la Ley de Seguridad Interior con una votación casi unánime, con la que hizo eco de los argumentos de las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron, como el que interpuso la CNDH .
Destacó que la invalidez de la ley ratifica la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, que plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades civiles.
González Pérez
dijo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.
“En el documento que se hizo público se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia”, enfatizó.
Para el presidente de la CNDH , el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone, siendo necesario para ello una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.
Manifestó que es necesario que se contemple un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye.
¿Qué dice el Centro Miguel Agustín Pro?
La decisión de la Corte de invalidar la Ley de Seguridad Interior le dio la razón al colectivo #SeguridadSinGuerra, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la CNDH, que en conjunto advirtieron que era muy peligrosa y "que significaba apostar por un modelo de seguridad que en 12 años no ha sido útil o no ha generado los resultados que se preveían para el país".
Asó lo afirmó Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien resaltó que en las dos sesiones, 10 de los ministros desarrollaron tres argumentos de análisis de la ley.
El primer aspecto estuvo relacionado con las dudas que existen sobre si el Congreso tiene la facultad para legislar o no en materia de seguridad interior. El segundo argumento, dijo, está vinculado con el proceso legislativo que se siguió. Y el tercer argumento, "tiene que ver con lo que llaman los ministros normalizar el uso de las Fuerzas Armadas".
También reacciona Amnistía internacional
La organización emitió un pronunciamiento después de que la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior .
Al respecto, Erika Guevara , directora para las Américas en Amnistía Internacional, afirmó que la declaración de inconstitucionalidad abre la puerta para que la próxima administración aliste un proyecto para retirar de manera pronta y ordenada a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad de las que se deberían encargar autoridades civiles.
“No obstante, es preocupante que el presidente electo haya presentado una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”, advirtió.
Tania Reneaum
, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que “el nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo” en el que las instituciones civiles sean las responsables de la seguridad y tengan el control de las operaciones. Y agregó que la propuesta de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en la profesionalización de las policías civiles.
