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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, saludaron hoy el “primer reconocimiento” de una institución mexicana de los desplazamientos internos causados por la violencia.
En un comunicado emitido en Washington, ambas entidades ensalzaron la importancia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se centra en 2 mil 38 personas originarias de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, del estado de Sinaloa.
Esas personas se vieron obligadas a desplazarse a otros enclaves del país debido a la violencia y la escasa seguridad ofrecida por mandos estatales y municipales.
La CNDH consideró “procedente” aplicar medidas para la “reparación” del daño, encaminadas a la protección de la propiedad o programas de atención inmediata.
También añadió en sus recomendaciones el desarrollo de un diagnóstico que permita, “al menos”, conocer el estado actual de la seguridad en ambas localidades mexicanas, así como un protocolo para reducir los índices de violencia y la investigación y una iniciativa de ley para prevenir el desplazamiento interno en el estado.
Tanto la CIDH como la Relatora Especial de la ONU de Derechos Humanos de los Desplazados Internos pidieron a las autoridades de Sinaloa que acepten e implementen los consejos de la comisión nacional.
En el comunicado, exhortaron al Estado mexicano a reconocer el problema de desplazamiento interno, brindar asistencia humanitaria, reasentar y reintegrar a los afectados, así como garantizar que haya una institución federal encargada de la protección de las víctimas.
“Esta recomendación reconoce por primera vez la problemática del desplazamiento forzado interno por causas de violencia ocasionada por el crimen organizado y permite que 2 mil 38 personas sean reconocidas como víctimas y puedan obtener una reparación integral”, afirmó Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
Por su parte, Jimenez-Damary destacó el papel “fundamental” de las instituciones nacionales de derechos humanos para la protección de personas desplazadas internas. EFE
