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Se desvanecen las esperanzas de Rubén Cárdenas Ramírez, el mexicano originario de Guanajuato condenado a la pena de muerte mañana miércoles 8 de noviembre en la prisión de Livingston, Texas, por los delitos de secuestro, violación y homicidio de su prima-hermana Mayra Azucena Laguna, en 1997.
La corte del estado de Texas rechazó la solicitud de clemencia y de pruebas de ADN para el connacional, que hicieron el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y sus abogados.
El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias informaron que la defensa de Cárdenas Ramírez —quien es identificado como Ramírez Cárdenas— apeló ante la corte federal de Estados Unidos la resolución de su similar texana, con la esperanza de que se desahogue la prueba de genética para demostrar su inocencia.
Este martes, la directora del instituto, Susana Guerra Vallejo, arribará a Livingston para reunirse con la familia de Cárdenas Ramírez y varios legisladores estadounidenses, en espera de un fallo favorable del tribunal federal que evite la ejecución el miércoles en cualquier momento después de las 18:00 horas locales.
El gobierno de Guanajuato, en coordinación con la Cancillería mexicana, promovió la prueba de ADN que no se realizó en el juicio. En octubre, Márquez Márquez solicitó a su homólogo de Texas, Greg Abbot, y a la Oficina Ejecutiva de la Sección de Clemencia, Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado que convocaran a una audiencia de clemencia y revisión del juicio.
El connacional fue privado de la asistencia consular y de representación legal durante los múltiples interrogatorios por parte de la policía y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo.
La Corte Internacional de Justicia determinó que se violaron las disposiciones de notificación consular previstas en la Convención de Viena; también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró la violación de las normas mínimas del debido proceso, por lo que recomendó juzgarlo de nuevo.
En rueda de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó las vías que seguiría en caso de la negativa a dos recursos que hasta la mañana de ayer se encontraban vigentes. El primero, en la Corte de Apelaciones de Texas, a la que se solicitó que se “autorice un procedimiento a través del cual se revise cómo se obtuvo la confesión y se llevó a cabo el interrogatorio”, así como para que revise la negativa de la Corte de Distrito de realizar una nueva prueba de ADN. Ambas llevaron aparejadas solicitudes de posposición o de suspensión de la fecha de ejecución, explicó Jacob Prado, director General de Protección de Mexicanos en el Exterior.
Expresó que en caso de un rechazo, los abogados de la SRE interpondrán, en el primer caso “una solicitud de habeas corpus [presentación física] ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, y en el caso de la petición de una nueva prueba de ADN, una solicitud de revisión directamente en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos”, agregó el funcionario.
El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, destacó que el gobierno mexicano está defendiendo el derecho a la vida, sin meterse a juzgar el delito que habría cometido Cárdenas Ramírez.
Señaló que las autoridades federales son respetuosas de los sistemas judiciales de otros países y no pretenden condonar delitos, sino promover que los todos los connacionales tengan plenamente acreditado su debido proceso.
