Iniciativa dataMares*
Rogelio Hernández comenzó a los 12 años a trabajar en las pescaderías de la Ciudad de México. Con el tiempo quiso ser pescador. Le fascinaba acomodar peces y mariscos a diario.
Cuatro años después se aventuró a La Paz, Baja California Sur, donde aprendió a pescar jaibones y langostas con trampas. Llegó a la madurez saltando de puerto en puerto. Recorrió el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. En Veracruz encontró a La Paloma, quien le enseñó a tirar chinchorro de línea, una red de pesca. En todos los puertos aprendió algo sobre las artes de pesca.
A pesar de su ímpetu por aprender del mar, desde finales de los años 60 y principios de los 70, le tocó palpar la pobreza de los puertos pesqueros, sobre todo en los del sur. No tenían las mismas herramientas, embarcaciones ni infraestructura, cuenta el ahora chef de 57 años.
Después vino la bonanza de los subsidios, durante la administración de José López Portillo (1976-1982). Con el paso del tiempo, los pescadores dependieron de los apoyos y en ausencia de una estrategia, se distribuyeron de manera inequitativa en los litorales del país.
La Iniciativa dataMares, una alianza entre científicos y periodistas, revela en esta segunda entrega para EL UNIVERSAL que el mayor porcentaje de subsidios lo acapara el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora), en especial los dos últimos estados, con el 66% de los más de 7 mil millones de pesos (mdp) otorgados por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).
Sonora y Sinaloa son los reyes de los subsidios “malos” y “feos”, según la clasificación de los economistas internacionales de los apoyos que no abonan a un desarrollo sustentable (económico, ambiental y social). Tan sólo en combustible, entre 2008 y 2015, recibieron más de mil mdp. Han transcurrido casi 17 años desde que México firmó en el Programa de Doha para eliminar este tipo de subsidios, y esta es una señal de una repartición ausente de una estrategia.
Desigualdad
Los subsidios corresponden al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Conapesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
A nivel regional, el 66% del total se otorgó al noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), estados que abarcan los litorales del Pacífico y del Golfo de California. Lideran la producción a escala nacional, con 12 mil toneladas en promedio cada año.
En contraste, el Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán) recibió el 23%; y su producción es de 4 mil 160 toneladas en promedio anualmente. Sin embargo, el porcentaje de beneficiarios entre estas fue similar, con 39% y 37% respectivamente, lo que significa que entre menos manos se distribuye el subsidio al noroeste.
Sinaloa y Sonora recibieron el 59% del total y tienen 26.6% y 7.2% de beneficiarios respectivamente. La capacidad de la flota artesanal sinaloense es poco más alta que la de Veracruz y aun así recibe 7.5 veces más dinero. Esto es un ejemplo de cómo hay entidades que acaparan mayor cantidad de recursos entre un menor número de personas apoyadas.
El investigador Miguel Ángel Ojeda, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) señala que las autoridades no poseen herramientas para supervisar una distribución equitativa que fortalezca el desarrollo en los litorales.
Durante un estudio sobre subsidios en motores y combustible en tres puertos del complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas (Baja California Sur), Ojeda y su equipo determinaron que a pesar de que Puerto Chale, ubicado en La Paz, tenía las condiciones socioeconómicas más adversas, también era donde menos subsidios había.
Oaxaca y Guerrero, a pesar de ser dos de los estados más pobres según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sólo reciben el 2.8% de los subsidios. Ojeda refiere que los recursos no necesariamente se canalizan a las comunidades menos desarrolladas, ni a quien vive en condiciones más precarias.
El pescador Julio López, del Puerto San Carlos, Baja California Sur, acusa que a los grandes permisionarios “les llegan todos los apoyos (subsidios) de motores, navegadores, videosondas, radios, antenas… y nosotros, los pescadores libres, compramos ese equipo usado lo que ellos empeñan”.
Enrique Sanjurjo, coordinador de Política y Desarrollo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México, destaca que “la forma como se manejan favorece más a empresarios del sector pesquero con recursos, que al sector social”.
Los “malos y feos” del noroeste
El concepto de subsidios que más apoyos impulsa es el de combustible (diésel marino y gasolina ribereña) con el 38%, según las cifras inéditas de la Iniciativa dataMares. Este concepto, de los ocho existentes, es considerado “malo y feo”.
En la primera entrega de EL UNIVERSAL, publicada ayer en estas páginas, se detalló que economistas internacionales clasifican a los subsidios “buenos” como los enfocados en la productividad sin sobrepasar las capturas establecidas; a “los malos” como pesca sin control y a “los feos”, con resultados prácticamente invisibles.
Entre los 17 estados costeros, Sonora y Sinaloa no sólo reciben el mayor número de subsidios, sino que son los que encabezan a los “malos” y “feos” en combustible, acaparando el 60.3%, equivalente a mil 720 millones de pesos. Son los dos estados más reconocidos a nivel nacional por su actividad pesquera, tanto que las oficinas de la Conapesca se encuentran en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con los anuarios 2006-2014 de la Conapesca —los de la administración actual no han sido publicados—, estas dos entidades producen 548 mil y 283 mil toneladas en promedio por año de pescados y mariscos respectivamente, mientras que Guerrero, el tercer estado más pobre a nivel nacional, sólo recibe en combustible el 0.05%.
Mercado negro
En México la forma de obtener subsidios para la pesca es por medio de los permisos para esa actividad. Pescadores del noroeste denuncian que personas ajenas al mar cuentan con estos documentos para venderlos o rentarlos. En ese contexto, los recursos no se canalizan a las personas adecuadas, debido a los controles deficientes de la Conapesca, señalan los especialistas consultados.
Consecuencia de lo anterior es la venta clandestina de tarjetas del combustible que las autoridades están subsidiando, lo que genera un mercado negro, así como empresas que falsean registros de capturas para mantener el apoyo.
“Se convierte en círculo vicioso: van a la oficina de pesca a pedir que les echen la mano”, detalla Miguel Ángel Cisneros Mata, investigador del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca).
En los 367 expedientes que revisó la ASF se determinó en 2014 que un 50.7%, “no cumplieron con por lo menos un requisito establecido en las reglas de operación”, y aun así la Comisión otorgó los incentivos.
“Contó con un inadecuado diseño y una deficiente operación, debido a que enfrenta dificultades para focalizar y capitalizar efectivamente a las unidades económicas pesqueras y acuícolas que lo requieran, lo que limita el incremento de la producción y no contribuye a mitigar el estancamiento del subsector pesquero y acuícola”.
Marea de opacidad
De los más de 7 mil mdp destinados en subsidios (2008-2015) que analizó dataMares, las autoridades pesqueras disponen de datos sobre beneficiarios, localidades y montos otorgados. Sin embargo, las últimas cifras oficiales son de 2015 y no cuentan con un criterio de selección, así como los objetivos particulares y evaluaciones.
Si bien el sector pesquero transparentó algunos datos y documentos, para Eduardo Rolón, director ejecutivo de Causa Natura, esto “no significa necesariamente que hay información relevante que ayude a evaluar la toma de decisiones”.
De acuerdo con el Índice de Transparencia de la Política Pesquera en México 2017, a diferencia del año 2015, la Conapesca mejoró de forma general en los indicadores, aunque retrocedió en datos abiertos.
Octavio Aburto, investigador del Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego, Estados Unidos, considera que la deficiente transparencia para otorgar subsidios puede acabar en que las autoridades generen clientelismo u otras “situaciones perversas”, como privilegiar a personas dentro de una comunidad para pedir favores en tiempos electorales.
Ante ese contexto de opacidad el presidente de la comisión de pesca, el senador Ernesto Ruffo Appel, presentó en marzo pasado una plataforma para transparentar concesiones y permisos que garanticen el aprovechamiento sustentable.
En medio de la tribuna, detalló Ruffo, es indispensable aumentar las obligaciones de transparencia en la Ley General de Pesca y Agricultura Sustentable.
Un informe elaborado por Iniciativa Mares MX evaluó el trabajo de la dependencia en áreas como permisos y concesiones, apoyos, subvenciones e inspección y vigilancia. Entre las recomendaciones, insta a Conapesca a cumplir con la mejora de bases de datos desagregados, así como las causas y efectos que justifiquen la aplicación.
*Este trabajo forma parte del proyecto de periodismo científico impulsado por Iniciativa dataMares, que tiene como objetivo lograr mayor transparencia, difusión y comprensión de información clave para la toma de decisiones relativas al uso sustentable y la conservación del capital natural del país.
- Reportaje, fotografía y video: Enrique Alvarado, Alejandro Melgoza y Andrés M. Estrada
- Coordinadora de proyecto: Raquel López-Sagástegui
- Directora del Programa Marino del Golfo de California: Catalina López-Sagástegui
