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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la que pretende la validación de clases extramuros para hijos de mujeres que hayan sido víctimas de violencia.
A través de la diputada perredista Olga Catalán Padilla, el sol azteca propone modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Educación, para que se hagan válidas las clases a este sector de la población que se encuentra en los refugios y así no perder el ciclo escolar.
En su iniciativa, la legisladora del partido señaló que una de las carencias actuales que mejor ilustra el contexto marginado de nuestro país es la situación tan denigrante en la que viven miles de mexicanas que sufren algún tipo de violencia que vulnera su dignidad, minimiza su autorrespeto y viola sus derechos humanos. De acuerdo con datos obtenidos de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 15% de los jóvenes del país justifica la violencia hacia ellas y el mismo porcentaje considera que el gobierno no debe intervenir cuando un hombre maltrata a su esposa o a su cónyuge, puesto que lo consideran como un asunto de carácter privado.
Según el mismo sondeo, cerca de 80% de las personas cree que no se le debe pegar a las mujeres, pero 95% considera que este tipo de actos suceden a diario.
La secretaria de la Comisión Especial de Alerta de Género argumentó que los principales factores determinantes de la violencia de género son la relación desigual entre hombres y mujeres, y la existencia de la “cultura de la violencia” como medio para resolver conflictos.
Aunado a lo anterior, entre las principales causas por las que ellas se convierten en víctimas de violencia se encuentran las relacionadas con situaciones como el alcoholismo, drogadicción, réplica de lo que sucedió en su infancia, estrés y asuntos económicos que pueden estar viviendo los agresores, además de la pobreza, principalmente en zonas rurales e indígenas del país, por lo que de aprobarse la iniciativa de la legisladora habría mayores elementos jurídicos para garantizar los derechos de las mujeres violentadas y también de sus hijos, en materia educativa.
