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Después de tres años, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) buscará iniciar el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del caso Ayotzinapa, informó el titular de la comisión, Jaime Rochin, quien indicó que para ello el organismo se mantiene pendiente de la presentación del diagnóstico de impacto sicosocial realizado por organizaciones de la sociedad civil a las víctimas del caso Iguala.
Explicó que el documento es fundamental para emprender las acciones necesarias de reparación integral de las casi 700 víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero.
“Queremos iniciar un proceso de reparación con los padres de familia, especialmente con los padres de quienes fallecieron en estos hechos, con los heridos estamos trabajando y por supuesto con los padres de los desaparecidos en la medida en que requieran y quieran el acompañamiento y el apoyo como parte de un proceso reparatorio, que no es dinero, sino que tiene que ver con justicia y la verdad”, dijo.
“Las familias no han alcanzado verdad todavía, no saben exactamente qué sucedió, no han alcanzado justicia y nuestro acompañamiento como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá que ir en el sentido de acompañarles en la búsqueda de la verdad y de la justicia, en evitar que se les revictimice por parte de autoridades de cualquier tipo y que se les criminalice”.
Detalló que las víctimas del caso Iguala son numerosas, debido a que no sólo están involucradas las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, sino también las familias del equipo de Los Avispones, grupo con el que el proceso de la reparación va más avanzado.
También se debe atender a las víctimas circunstanciales, que son las personas que estaban en el lugar y el momento de los hechos, pero que no tenían que ver ni con los futbolistas ni con los estudiantes; así como el grupo de los normalistas fallecidos, los heridos de gravedad y los desaparecidos, lo que da un resultado de aproximadamente 700 víctimas directas e indirectas.
“En algunos casos, las víctimas indirectas tienen familias grandes y pueden ser de entre 14 y 15 personas por familia; algunos de ellos reciben mayor apoyo que otros de modo diferenciado, porque estamos respetando la voluntad de ellos, es decir, en qué medida quieren que se les acompañe y hasta dónde ellos lo quieran permitir”, afirmó.
En el 5to Informe de Gobierno se señala que lo ocurrido en Iguala es uno de los siete casos que se mantienen abiertos en la CEAV.
Esta atención ha consistido en proporcionar asistencia, representación jurídica, hospedaje y alimentos para las víctimas.
Desde junio, la comisión anunció el reforzamiento del proceso de atención y reparación integral de las víctimas ante la falta de resultados concluyentes en la investigación que realiza la PGR.
El diagnóstico que la CEAV utilizará para el proceso de reparación será realizado con recomendaciones del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, y elaborará un plan de atención y reparación integral con representantes de las víctimas.
