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Mediante la tramitación de un amparo , una organización de la sociedad civil busca obligar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a emitir el protocolo de tratamiento de adicciones para los internos en centros penitenciarios del país .
La organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia promovió, ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, un juicio de garantías en el que acusó a la Segob de no contribuir a la paz pública por la omisión en que ha incurrido en la expedición del protocolo.
El amparo fue presentado desde julio pasado; sin embargo, el juez consideró que no era de su competencia y lo envió a su homólogo en materia administrativa, lo que retrasó la admisión del juicio.
El expediente llegó al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México que no aceptó ser competente, razón por la que el conflicto fue resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en la misma materia.
Los magistrados indicaron que la autoridad competente para resolver el amparo era el Juez Sexto de Distrito en materia Penal.
“Es competente para conocer de la demanda de garantías promovida por México Unido contra la Delincuencia, Asociación Civil, en contra de actos atribuidos a la Confederación Nacional del Sistema Penitenciario y otras autoridades, el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México”, notificó el Colegiado desde el 4 de septiembre pasado.
En consecuencia, el juez de amparo admitió la demanda a trámite pero negó la suspensión provisional solicitada por la OSC en contra de la omisión del titular de la Segob y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal , vigente desde el 2016, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario , integrada por los titulares de los órganos de prevención y reinserción social federales y estatales que preside el titular de la Segob, está obligada a emitir los protocolos que deberán ser observados en los centros penitenciarios para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para los internos, entre los que se encuentra la del tratamiento de adicciones .
La organización acusó que desde que entró en vigor la Ley el protocolo en materia de tratamiento de adicciones no ha sido emitido.
mpb
