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El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción determinó recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas (ONU) en busca de abrogar la Ley General de Comunicación Social, por considerar que “propicia corrupción y atenta contra la libertad de expresión”.
En su primera sesión pública, ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los cinco integrantes del CPC decidieron por unanimidad solicitar el apoyo de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos para promover la modificación a dicha norma.
Al argumentar su postura, Mariclaire Acosta, presidenta del CPC, dijo que este órgano ha decidido ampliar su ámbito de acción y recurrir a los foros internacionales y la CNDH, porque los hechos de corrupción generan violaciones.
“En particular, con esta Ley General de Comunicación Social se ha vulnerado, además de que propicia actos de corrupción, el derecho a la libertad de expresión”, señaló la especialista.
“Aún existen mecanismos jurídicos como la acción de inconstitucionalidad y de esta manera poder adecuar una legisslación que garantice la libertad de expresión a través de una correcta regulación de la publicidad gubernamental.
Irene Levy, integrante del CPC, consideró que la SCJN cometió un error al dar un plazo tan corto, al 30 de abril pasado, en medio de la coyuntura política que se vive y “el conflicto de interés que levantaba hacer que esta Legislatura” fuera quien elaborara la ley.
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del CPC, señaló que en el Senado se prepara una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley; propuso investigar el avance de la consolidación de este recurso y su presentación ante la Corte desde esta cámara.
Tras destacar que la Ley General de Comunicación Social entrará en vigor en 2019, pidió reflexionar el tema debido a que si esta legislación no está en vigor se pone en suerte la viabilidad constitucional del gasto público en la materia. José Octavio López Presa dijo que el CPC se sumó a las posiciones de sus compañeros y pidió explorar la forma “de tirar” ese gasto.
Durante la sesión de ayer, el CPC decidió explorar distintas vías, incluso mediante el impulso a reformas legales, para que la Secretaría de Hacienda no ejerza recursos, no presupuestados, de manera discrecional a través del Ramo 23.
