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La autonomía universitaria no es impedimento para que ingresen fuerzas federales a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni para que se haga cumplir el Estado de derecho, coincidieron abogados constitucionalistas de la máxima casa de estudios.
La UNAM no puede convertirse en “un Estado dentro de un Estado” ni su autonomía le concede extraterritorialidad. Sin embargo, no existen las condiciones suficientes de confianza en las agencias de seguridad del gobierno federal para garantizar que los cuerpos armados que ingresen a la institución no estén vinculados con la delincuencia organizada, señaló Manuel Barquín Álvarez, quien fue abogado general durante los rectorados de Jorge Carpizo McGregor y de José Sarukhán.
Barquín Álvarez argumentó que en lugar de pensar en ingresar a la Policía Federal a la UNAM, sería mejor analizar soluciones creativas y discutidas entre la comunidad y en el interior del Consejo Universitario para atacar este conflicto.
“El problema merece una solución creativa, original y en consulta con la comunidad. Tiene que intervenir el Consejo Universitario y discutir qué medidas se van a tomar, porque no puede suceder que no se garantice la vida de quien acuda a estudiar.
“Hay soluciones parciales que pudieran establecerse, por ejemplo mayor presencia de agentes de la Policía Bancaria Industrial (PBI), que están preparados para enfrentar este tipo de situaciones, pero se tendrían que comportar de acuerdo con protocolos que se generaran en una amplia discusión”, dijo en entrevista.
Explicó que si bien no existen impedimentos legales para que las fuerzas del orden intervengan en la Universidad, desde el movimiento estudiantil de 1968 quedaron barreras políticas, puesto que en esos momentos la actuación del Ejército no fue respetuosa de la autonomía universitaria, a esto se suma la “suspicacia” que existe hacia los cuerpos policiales y su connivencia con grupos o bandas del crimen organizado.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Pedro Salazar Ugarte, consideró que la probable intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la erradicación del narcomenudeo en el interior de los campus es una determinación que corresponde únicamente al rector Enrique Graue.
“Todo depende de la modalidad en que la Universidad acuerde y decida la manera en que gestiona este y otros problemas. La decisión de lo que sucede y cómo sucede en el campus debe ser responsabilidad de las autoridades universitarias y del rector. La autonomía se ejerce cuando la institución resuelve cómo va a gestionar sus espacios, agenda y trabajo, y sus estrategias para administrar sus problemas. La coordinación y acciones debe ser propuesta, deseada y decidida únicamente por la Universidad”, señaló.
El abogado Fabián Aguinaco Bravo encabezó el equipo legal que consiguió el primer amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuatro personas tuviesen acceso al consumo lúdico de la marihuana.
En entrevista explicó que la autoridad no tiene que pedir permiso para ingresar y hacer cumplir la ley en la Universidad. Dijo que la autonomía es un concepto que ha sido malinterpretado, puesto que le fue concedida a la institución para aspectos administrativos como libertad de cátedra, tener y decidir sobre su propio presupuesto, y para poder cumplir cualquiera de sus funciones sustantivas.
“La Universidad no es un país aparte. No es una ínsula dentro del Estado mexicano, sino que forma parte de lo que está dentro de los límites que conocemos y que marca la Constitución. No puede haber una disposición distinta. La autonomía no está en el hecho de que se impida el acceso al régimen de derecho en la institución. El régimen de derecho que la Constitución marca también es para que se observe dentro del campus universitarios”, dijo el abogado.
“Decir que no se puede hacer nada y que solamente con la autorización del rector, es evadir la responsabilidad de quien la tiene para que con profesionalismo se pueda ingresar a la Ciudad Universitaria y se hagan las investigaciones necesarias. Pensar que no es así es constituir un país dentro de otro”, señaló.
Roberto Duque Roquero, académico de la Facultad de Derecho y abogado constitucionalista, consideró que desde hace años se ha utilizado el concepto de autonomía para excusar que no han sido capaces de resolver el estado “de evidente ilegalidad” que se vive en algunos ámbitos, como la toma del auditorio Justo Sierra en la Facultad de Filosofía y Letras por grupos externos a la institución, y la venta de drogas en el campus.
“La autonomía universitaria no significa extraterritorialidad, ni Estado de excepción. El derecho aplica dentro y fuera de las instalaciones universitarias. Entender la autonomía de esta institución de otra manera implica que nos encontramos en una ley de la jungla, donde cada quien puede hacer lo que le venga en gana, eso es un despropósito”, aseguró.
El artículo 3° de la Constitución vigente define a la autonomía universitaria como “la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con [este] principio, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio”.