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Trece años y 28 días después de que fueron insultadas, golpeadas y torturadas sexualmente, Cristina Sánchez, Yolanda Muñoz, Italia Méndez y Ana María Velasco siguen esperando que sus agresores sean castigados. Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, todas fueron atacadas en San Salvador Atenco, Estado de México, sin suponer que serían atacadas por policías municipales, estatales y federales que habían llegado para desarticular una manifestación en contra de un aeropuerto que se pretendía construir en la zona.
“Este hecho cambió nuestra vida porque nos empezaron a señalar, nos tacharon de personas peligrosas. Hasta la fecha todavía nos dicen cosas por morbo y por crítica, incluso sin saber todo lo que pasamos”, relata Cristina.
Pero esto no es lo que más le duele, relata, sino que las autoridades mexicanas no creyeron en ella cuando dijo que elementos de la policía la habían violado mientras era trasladada de Atenco al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito.
“El Ministerio Público nos atendió mal. Nos dijeron que éramos mentirosas, que nos golpeamos solas, que los moretones habían sido por nuestros maridos y que no había pasado nada de eso”, comenta Cristina.
Esta declaración es respaldada por Stephanie Brewer, representante legal de las víctimas, quien añade que aún no hay ninguna sentencia por el caso: “No hay nadie que esté pagando por los crímenes, están en curso un par de procesos contra personas de bajo rango, pero se amparan y van saliendo”.
Stephanie Brewer forma parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una organización que ha documentado todo lo ocurrido en Atenco y que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el Centro Prodh, 700 elementos de la Policía Federal y mil 815 agentes municipales y estatales participaron en el operativo en el que 47 mujeres fueron torturadas sexualmente, 217 personas fueron golpeadas y detenidas e incluso fallecieron dos jóvenes.
Aunque esto ocurrió hace 13 años, Brewer afirma que la tortura sexual es algo común en nuestro país: “Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, publicada en años recientes, hasta 41% de las mujeres detenidas por la Marina informan casos de violación. Esto es un fenómeno alarmante”. Por ese motivo, lamenta que el caso Atenco sea un símbolo de las pocas oportunidades que una mujer tiene para acceder a la justicia.
CIDH, una nueva oportunidad
Aunque las heridas de Atenco ya no son visibles, aún lastiman a sus víctimas. Algunas tuvieron que abandonar la escuela porque fueron encerradas en la prisión después de ser agredidas; otras perdieron relaciones familiares y de amistad, contrajeron enfermedades y vieron sus sueños truncados.
Sin embargo, Cristina y sus compañeras coinciden en que su lucha ha valido la pena. En noviembre de 2018, la CIDH emitió una sentencia en la que responsabilizó al Estado por los abusos sexuales cometidos por agentes de seguridad contra 11 mujeres.
En esta sentencia, que tiene carácter vinculante, se estableció que el gobierno tiene dos años para seguir con las investigaciones, castigar a los responsables, brindar atención médica y sicológica a las víctimas, ofrecer una disculpa pública, crear un observatorio externo para la policía del Estado de México y la Federal, y fortalecer la estructura gubernamental para evitar más casos de tortura sexual.
“Llegar a la CIDH es un gran logro, un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Lo vimos desde que se comenzó la denuncia. Con la decisión de la Corte sembramos un antecedente para que estos hechos no se repitan con otras compañeras”, asevera Yolanda Muñoz, otra víctima de Atenco.
Por su parte, Italia Méndez, quien también sufrió abusos, señala: “El Estado mexicano tiene una consigna de cumplir cabalmente la sentencia, no nos vamos a conformar con menos de lo que dice la sentencia, sobre todo en el aspecto de la no repetición y las medidas de acceso a la justicia”.
Los expertos en derecho del Centro Prodh no desestiman que el dictamen de la CIDH pueda ser aplicado para la Guardia Nacional en un futuro, especialmente en las leyes secundarias que regulan el uso de la fuerza.
No obstante, esta petición tendría que ser impulsada desde la sociedad civil, pues la sentencia de la Corte sólo tiene jurisdicción sobre las autoridades que participaron en los operativos de 2006.
“El mecanismo de supervisión del uso de la fuerza para la Policía Federal es una oportunidad para las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Vamos a ver si este es un gobierno que no va a reprimir y va a instalar controles para castigar violaciones a derechos humanos”, dice Sofía de Robina, del Centro Prodh.
Ayudar para superar
Después de lo ocurrido, las mujeres de Atenco se han dedicado a apoyar a otras víctimas de tortura sexual.
“Nuestra lucha ha sido ambivalente porque ha abierto brechas para tocar este tema, pero también sabemos que hay miles de víctimas en el país. Yo [le] tengo una natural desconfianza al Estado mexicano, no importa el gobierno que esté”, comparte Italia Méndez.
Ella y sus compañeras confían en que el caso pueda resolverse gracias a la sentencia de la CIDH, además de que ya tuvieron acercamientos con la actual gestión federal.
“El camino es largo y podría pensarse que es fácil, pero no es así.
“Hay inseguridad, miedo y familias que han sido separadas. La sentencia de la Corte interamericana es un gran logro, estamos creyendo en el nuevo gobierno para que dé cumplimiento, lo vamos a exigir como marca la ley”, concluye Italia.
