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Desde 2015, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, era buscado por el gobierno de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
Así consta en el oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/3116 que la Interpol remitió el viernes al encargado del despacho de la Segunda Subprocuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Craig López Olguín, quien solicitó saber si Hernández Flores, detenido en Ciudad Victoria, cuenta con una “averiguación previa, carpeta de investigación, orden de aprehensión o reaprehensión activa o vigente, proceso penal”.
Al respecto, el director de Enlace y Cooperación Policial Internacional, Omar Reyes Colmenares, respondió que el Sistema de Búsqueda Automatizada de la Interpol localizó una ficha roja a nombre del ex mandatario tamaulipeco, con número de control A-6942/8-2015, emitida por la Oficina Central Nacional en Washington, con fines de detención por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Tras ser detenido el pasado viernes, por los delitos de peculado y lavado de dinero, Hernández Flores fue internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, donde declaró ante el Juzgado Segundo de lo Penal, ubicado dentro del reclusorio.
El aseguramiento. El gobierno de Tamaulipas informó que el origen de la averiguación es a partir de la apropiación de un predio de mil 600 hectáreas que pertenece al patrimonio del estado, que actualmente tiene un valor de mil 584 millones de pesos.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad aseguraron el terreno ubicado en el Puerto Industrial de Altamira, y que se menciona en la acusación en contra del ex gobernador Eugenio Hernández.
Esa propiedad se ubica en las costas del golfo de México y el gobierno del estado busca recuperarla por pertenecer al patrimonio estatal.
Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia dieron fe de la instalación de las estructuras que indican que el inmueble ha sido asegurado y se advierte que cualquier persona que pretenda ingresar al terreno, incurre en una ilegalidad.
La propiedad actualmente está en manos de un particular, de acuerdo a la averiguación previa 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
En las láminas colocadas se lee: “La disposición o apoderamiento de esta propiedad sin un proceso legal es un delito sancionado por el Código Penal para el estado de Tamaulipas, por lo que cualquier persona que sea sorprendida tratando de ingresar o generar anomalías dentro de esta, será puesto a disposición de las autoridades competentes”.
Según los antecedentes que existen, para la operación de compra-venta de los terrenos en Altamira habría participado la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano, presunto prestanombres de Tomás Yarrington.
