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La discriminación ha obstaculizado el acceso a la justicia de poblaciones indígenas, lo que ha generado que sean encarcelados injustamente sin llevar un debido proceso, advirtieron especialistas. En marzo pasado (el registro más reciente) la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) contabilizó 6 mil 698 presos indígenas en cárceles del país, 3% de población en penales.
Entre las situaciones violatorias a los derechos humanos de la población encarcelada destaca la falta de asistencia de traductores en lenguas indígenas, la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados y con conocimiento de la cultura como son usos y costumbres, así como las detenciones arbitrarias, señala la CDI.
De la población indígena encarcelada, 91.5% enfrenta cargos por delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios y lesiones), contra la libertad sexual (violación y abuso sexual, entre otros), el patrimonio (robos) y la libertad personal (secuestros y privación ilegal de la libertad).
Alejandro Robledo Flores, coordinador general de Derechos Indígenas en la CDI, detalló que de 2013 a julio de este año se logró la liberación de 5 mil 213 reclusos pertenecientes a alguna etnia, de los cuales 4 mil 717 son hombres y 496 mujeres. Pese a esta cifra, reconoció que falta garantizar el debido proceso para este sector de la población, puesto que la principal violación es la de falta de intérpretes para que los implicados entiendan por qué son acusados.
La discriminación, la falta de armonización entre el sistema jurídico y los de usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como la carencia de leyes en la materia son los principales factores que obstaculizan el acceso a la justicia de este grupo de la población, señaló Robledo Flores.
“El racismo y la discriminación es estructural, no sólo está en las instituciones del Estado sino en la sociedad. Se requieren andamios para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, tanto en lo individual como en lo colectivo”, indicó.
De 2012 a la fecha se han registrado 201 quejas por personas indígenas que fueron encarceladas injustamente, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Datos proporcionados a EL UNIVERSAL detallan que el organismo tiene registrado 706 expedientes de quejas interpuestos por ese sector de la población entre 2012 y el 20 de agosto de este año; estos archivos incluyen los casos por aprehensiones injustas.
Sobre este tema, la CNDH ha emitido 13 recomendaciones en lo que va de esta administración, entre las que destacan el secuestro de un líder nahua en 2012, la privación al acceso de servicios básicos a pobladores del ejido Chingtón, en Chiapas, por falta de pago de cuotas a autoridades ejidales, así como la inadecuada atención a una mujer maya de 41 años que estaba embarazada.
Luis Tapia Olivares, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, destacó la necesidad de establecer en la Constitución el derecho de las personas indígenas a contar con un defensor de este mismo sector de la población que entienda su cultura, a fin de garantizar el debido proceso.
Resaltó que el nuevo sistema de justicia penal tiene herramientas para evitar el encarcelamiento injusto de miembros de pueblos originarios, como es el que se grabe la audiencia, con lo que queda documentado si el acusado tuvo o no un intérprete, para evidenciar las irregularidades.
“Su correcta implementación puede derivar en mejoras sobre la protección de derechos. Las garantías están, las condiciones están, pero si no hay voluntad del Poder Judicial para cambiarlo, poco se va a hacer frente a las garantías de los pueblos indígenas”, dijo.
Dinámica discriminatoria
Alberto Solís, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), consideró que persiste una dinámica racista en los procesos de justicia que enfrentan los grupos indígenas, puesto que en gran parte de los casos los implicados carecen de un intérprete que los asesore. Destacó que la marginación social en la que vive este sector de la población impide su acceso al debido proceso.
“El Estado mexicano no se está haciendo cargo de la marginación que enfrentan los grupos indígenas, puesto que no está haciendo valer sus derechos. Tenemos que continuar trabajando en el reconocimiento de las garantías de este sector de la población para reducir la brecha entre lo establecido en la ley y su implementación”, enfatizó.
