El sistema de protección a refugiados en México está al borde del colapso , puesto que de las 14 mil 596 solicitudes admitidas a trámite en 2017 por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) , cerca del 60% no han sido atendidas y 7 mil 719 del 2016 siguen sin resolución, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y peor aún, advirtió el organismo, 2 mil 400 procedimientos se abandonaron como respuesta a los largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que, consideró la CNDH, se traduce en una negación de facto a la protección internacional.

La dependencia recordó que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político , establece que las solicitudes se tendrán que resolver en un plazo máximo de 45 días.

"El argumento de la COMAR para suspender plazos y términos en forma indefinida en la Ciudad de México, por las condiciones de su inmueble después del sismo de septiembre de 2017, no otorga seguridad jurídica a los solicitantes", indicó.

Como factor adicional, expuso la CNDH, la COMAR suspendió en octubre del año pasado los plazos y términos de los procedimientos, bajo el argumento de la falta de capacidad operativa para garantizar el desarrollo de los procedimientos en condiciones que permitieran dar certeza y seguridad jurídica.

"Suspensión que hasta la fecha continúa y que más que generar certeza ha provocado inseguridad y desánimo en la gran mayoría de los solicitantes que no saben cuándo tendrán una respuesta a su solicitud", señaló el organismo.

Para la CNDH esta situación resulta preocupante, pues tan solo en la Ciudad de México, el alto número de solicitudes de la condición de refugiado representa un impacto para más de 3 mil 600 personas que esperan una resolución a su petición de refugio, y quienes después de más de tres meses de incertidumbre, no cuentan con protección efectiva o respuesta contundente por parte de la COMAR para brindarles protección en nuestro país.

"Para la CNDH es prioritario que el gobierno federal a través de la COMAR reinicie sus actividades, pues de acuerdo a la información recabada por esta Comisión Nacional a través de quejas, la oficina en la Ciudad de México es responsable de las solicitudes presentadas en otras entidades federativas como Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, por lo que el rezago en la tramitación y resolución de procedimientos podría ser mayor", sostuvo.

Afirmó que el tratamiento que se brinda a los solicitantes podría ser diferenciado, pues se han documentado casos en que los procedimientos fueron suspendidos con antelación a la publicación del citado acuerdo, y otros, que tuvieron una duración superior a los cuatro meses, cuando, reiteró, el término máximo de resolución es de 45 días hábiles, lo que trae como consecuencia que las personas solicitantes de la condición de refugiado no tengan acceso a documentos migratorios a través de los cuales se acredite su regular estancia en nuestro país y con ello, ejercer una actividad lucrativa que les permita solventar sus necesidades básicas.

lr

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