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En el continente americano subsiste una alarmante situación de violencia contra personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexuales, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la presentación del informe sobre violencia contra ese sector de la población en América elaborado en 2015, el presidente de la CIDH y relator sobre los derechos humanos de ese grupo, Francisco Eguiguren Praeli, destacó que el informe busca alertar a los Estados sobre la alarmante situación que viven en sus familias, escuelas, trabajos e incluso en los medios de comunicación.
“Subsiste en nuestro continente una alarmante situación de violencia, discriminación en perjuicio de estas personas por razones fundadas en orientación sexual, identidad de género, manifestaciones o expresiones de identidad, sean reales o percibidas, o también por algún tipo de diversidad corporal que no se adecua a los estándares mayormente aceptados como cuerpos masculinos o femeninos”, declaró.
Del informe derivaron más de 100 recomendaciones a los países del continente y se realizó conforme a las audiencias de casi una década con denuncias.
El relator señaló que la CIDH documentó 770 casos de violencia en 15 meses entre 2013 y 2014. Dijo que se reforzó la documentación con cuestionarios realizados a 18 estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 34 organizaciones de la sociedad civil.
“Existe un contexto generalizado de discriminación social y de intolerancia respecto a aceptar una diversidad en términos de orientación, identidad de género o sexual”, explicó. “La falta de estadísticas invisibilizan las agresiones contra este sector y la nula acogida de denuncias e investigación de los delitos contra estas personas genera un clima de impunidad que alimenta este tipo de prácticas”, señaló.
Indicó que en la realización del documento se detectó que en el continente todavía existen países que tienen leyes que criminalizan conductas de este sector de la población y que cuando estas personas pertenecen a otro grupo vulnerable, por ejemplo, vivir en pobreza extrema o en una comunidad indígena, se triplica la situación de riesgo.
Anunció que la CIDH trabajará para realizar un informe sobre los avances que registren los países del continente sobre las recomendaciones emitidas en el documento presentado.
Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), advirtió que aunque en México hay avances que pueden ser referentes globales de buenas prácticas, no existen cifras oficiales que permitan contabilizar las agresiones contra ellos, lo que invisibiliza la situación real del país.
“Realmente no tenemos cifras oficiales que nos puedan dar cuenta de cuál es el tamaño del fenómeno de violencia contra ellos y eso significa una invisibilización del fenómeno y nos impide tomar mayores y mejores medidas preventivas”, observó.
Alejandro Brito, director general de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, AC, agregó que lo consignado en el informe de la CIDH demuestra que los Estados del continente han fallado en prevenir, investigar, juzgar y castigar las agresiones cometidas contra la comunidad.
“Los Estados del continente han fallado en prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar la violencia que se genera contra estas personas y lo primero que hay que destacar es que existe una renuencia en los miembros de la OEA a reconocer que existe una violencia sistemática y específica relacionada a la orientación sexual, a la identidad de género, expresión de género y a las características intersex de las personas”, enfatizó.
El promedio de vida de las mujeres transexuales en el continente americano alcanza sólo los 35 años, puesto que según el informe, padecen el acoso cotidiano de las fuerzas de seguridad y constantemente son detenidas arbitrariamente.
Entre las recomendaciones está el desarrollo de un marco normativo que no sólo proteja los derechos de las personas, sino que sancione penalmente las agresiones contra ellos considerando como agravante en los delitos cometidos por razones de odio, adoptar políticas públicas de salud, educación y empleos para apoyar a las personas de este sector.
Otros de los puntos es derogar las leyes que criminalizan las conductas de esta comunidad y que en la investigación de los delitos no se descarte la hipótesis de que pueden ser cometidos por razones de odio o prejuicios sobre las preferencias sexuales.
