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Desaparecer el programa de Estancias Infantiles y hacer transferencias de dinero a los padres de familia no es una solución; al contrario, el Estado va a evadir su responsabilidad con los niños, afirmaron organizaciones de la sociedad civil.
Regina Tamés, presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida, consideró que la propuesta del gobierno federal “tiene un efecto perverso y clientelar, y el Estado debe invertir en la primera infancia porque más bien parece que se está lavando las manos”.
Agregó que las transferencias directas pueden ser un riesgo para mujeres que viven violencia en casa, “porque los hombres quieren ese dinero. En contextos de violencia estas transferencias ponen en riesgo a las mujeres, o bien, en los casos de adicción no es seguro que gasten el dinero en los niños y su cuidado, sino en drogas”.
María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children, expresó que los niños tienen derechos y cancelar el programa de Estancias Infantiles los vulnera. “El Estado tiene una responsabilidad de protección y como sociedad la tenemos todos. El programa sí debe iniciar un proceso de revisión para defender los derechos de la niñez, pero no ser clausurado”, dijo.
Expresó que los efectos de dar el recurso de manera directa a los papás serán “perversos”, porque esta decisión podría generar una clientela para Morena.
Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, afirmó que la reducción en el presupuesto de las estancias desconoce el compromiso del Estado con la educación inicial de los niños. “Las propuestas del gobierno reflejan una visión en la que no se establece el cuidado de los niños, pone toda la responsabilidad a la estructura familiar que históricamente es desventajosa para las mujeres”, dijo.
En la conferencia, Fuentes Nieva recordó que en México existen alrededor de 13 millones de niños de cero a cinco años, según proyecciones del Consejo Nacional de Población, y en los próximos seis años nacerán casi 12.6 millones, por lo que llamaron al gobierno a garantizar los derechos de casi 26 millones de menores de edad.
Las organizaciones informaron que ante la respuesta del gobierno de la República, con el apoyo de la Barra de Abogados, prepararán acciones legales para evitar que desaparezcan las estancias infantiles.
Hicieron tres propuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador: un lapso de transición que garantice la operación de las estancias mientras se reestructura un programa integral, crear un grupo de trabajo que reestructure el programa sin detener los subsidios, mejorar los estándares de seguridad y salubridad, establecer mecanismos de supervisión, optimizar las condiciones de trabajo de educadoras y ampliar la cobertura de servicio.
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