Responsables de estancias infantiles y madres trabajadoras presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por la eliminación del programa de Estancias Infantiles y exigieron se tomen siete medidas cautelares urgentes.
En un comunicado, se explicó que el Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras , cuyas reglas de operación se dieron a conocer en la página de CONAMER el día jueves 21 de febrero viola las garantías individuales y atenta contra el "interés superior de la niñez".
La queja busca que la CNDH investigue los hechos a propuesta del Ejecutivo federal.
Estas son las medidas que exigen:
1. Eliminar de manera inmediata de la pagina web de Conamer las reglas de operación del Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.
2. Que el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos apoye a las responsables de estancias que han sufrido agresiones o amenazas derivadas de las acusaciones de corrupción.
3. El pago inmediato de los apoyos de enero y febrero directamente a las estancias infantiles , tal como operaba el programa en 2018 y con los mismos montos de los subsidios ($950 mensual por niño).
4. Publicar en el DIF las Reglas de Operación del PEI en los términos que fueron publicadas para el año 2018 para continuar con su funcionamiento.
5. Una disculpa pública del Presidente de la República y la subsecretaria Ariadna Montiel por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles, dañando su imagen y reputación, poniendo en riesgo su integridad.
6. Frenar el hostigamiento de autoridades federales, estatales y municipales hacia las responsables de estancias infantiles.
7. Que las visitas a las estancias sean grabadas por la Secretaría de Bienestar y el DIF nacional. Además que personal de la CNDH y Sipinna asista a éstas para que conozcan cómo operan y funcionan.
En el escrito, se explica que con el retiro del apoyo a las estancias infantiles se afectaron a los 330 mil niños que eran atendidos y a 9 mil 565 personas responsables de estos espacios.
Además, acusan que esta decisión significó una medida regresiva al derecho de libertad del trabajo, la protección social y el interés superior de la infancia.
iarp