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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) trabaja en un programa para recuperar entre 4 y 5 millones de viviendas abandonadas que hay en el país, explica el titular de la dependencia, Román Meyer Falcón.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Meyer Falcón indica que los estados del norte del país son los que presentan mayor abandono de vivienda, y la violencia derivada del crimen organizado y la migración de habitantes de estados del sureste del país en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo, son algunos de los factores que contribuyen a este problema.

A más de un mes de tomar las riendas de la dependencia federal, Meyer Falcón detalla que se realiza un análisis del estado en el que recibió la secretaría de manos de la gestión de Rosario Robles Berlanga, del cual tiene copia el Órgano Interno de Control (OIC), a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP); esta instancia determinará si es necesario iniciar un procedimiento.

El funcionario reconoce que durante estos primeros días de su administración se enfoca en la reestructura de la institución, y para blindar los programas sociales que operará la secretaría, asegura que se tienen reglas de operación más transparentes, y controles internos con mayor rigor.

¿Planean un programa para atender el problema de la vivienda abandonada en el país?

—Presentaremos en poco tiempo al Presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] y al Infonavit, un programa de recuperación a nivel nacional. Se tiene que estudiar desarrollo por desarrollo, habrá algunos que podamos reconstruir, intervenir, ofertar mejores usos de suelo, mejores espacios públicos y valorar la recuperación. Nuestra obligación es sentar las bases para que esta política de vivienda no vuelva a ocurrir, este gran volumen de millones de casas abandonadas.

¿En qué estados hay más viviendas abandonadas?

—En Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. Tenemos una mayor concentración en los estados fronterizos del norte.

¿Las zonas donde hay más riesgo por la presencia del narco?

—Es multifactorial, el tema del crimen organizado afecta por la disgregación de las familias, pero también se debe a los migrantes de otros estados del sureste, como Oaxaca, que van al norte para encontrar mayores espacios de desarrollo, que se quedan en el sector de maquila, pero que tiene una constante rotación de personal, esto dificulta mucho el sentido de permanencia sobre esas viviendas.

¿Cuántas viviendas abandonadas hay en el país?

—Nosotros tenemos un número aproximado de hasta 4 millones de viviendas abandonadas o que están en desuso a nivel nacional de 4 a 5 millones de inmuebles que tenemos que replantearnos dónde están, de qué forma los vamos a intervenir, y cuál va a ser la política del Infonavit.

¿Cómo recibe la Sedatu?

—No en las mejores condiciones, nos encontramos con una secretaría que no tiene internet, no tiene servidores, no tiene teléfonos. Reflejo de cómo venía operando la dependencia, con una falta de coordinación entre las dependencias, las diferentes áreas que no se comunicaban, no había diálogo.

¿Investigarán la gestión de Rosario Robles Berlanga?

—No somos la autoridad competente para llevar a cabo la investigación; sin embargo, sí llevamos un proceso de análisis profundo de todo el proceso de entrega-recepción y tiene copia el Órgano Interno de Control (OIC) que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que determine si se inicia o no un procedimiento de amonestación administrativa o, en su caso, penal.

¿Cuándo terminará el proceso?

—Eso depende del Órgano Interno.

¿Cómo va la descentralización?

—Nos entregaron unas instalaciones centrales en Donato Guerra, nos tomamos con calma eso, preferimos un proceso de reconstrucción de la operación de la secretaría y después, en un proceso de diálogo con cada trabajador, ver la posibilidad de negociar una reubicación a Pachuca, creemos que esto va a arrancar en 2020.

¿De qué manera blindarán los programas contra corrupción?

—Hay un cambio completo en las cabezas de cada una de las direcciones. Todo el personal fue sustituido por gente de nuestra confianza. Hay un claro lineamiento ético, parte de la Cuarta Transformación.

Las reglas de operación se realizan de forma clara, más transparente, con mayores controles internos en la aplicación de cada uno de los recursos tanto del programa de reconstrucción como de mejoramiento urbano.

¿Cómo continuará el apoyo para la reconstrucción?

—Nosotros recibimos en el proceso de transición bases de datos con alrededor de 180 mil afectaciones y hoy en día estamos en un proceso de verificación en campo. Tenemos otra base de datos del levantamiento que se hizo por parte de la Secretaría de Bienestar. Vamos a hacer un análisis vivienda por vivienda, con un mecanismo mucho más eficiente, con los requerimientos en cada una de las viviendas, haremos un seguimiento puntual técnico. En la anterior administración no había un seguimiento de la entrega de los recursos, no había un acompañamiento a cada una de las viviendas. Planteamos que una de las obligaciones no solamente sea la entrega de los recursos, sino asegurar que cada familia hizo buen uso de esos recursos.

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