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A 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano aún debe una disculpa pública a las víctimas. En esa ocasión hubo un uso de la fuerza pública y se cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos, así lo considera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en una resolución que pretende detonar una reparación integral del daño causado.
Según el documento que emite el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas en el expediente administrativo CEAV/CIE/0171/2018, cuya copia obtuvo EL UNIVERSAL, se busca reivindicar la memoria de los afectados, a través de realizar estudios que permitan “que México se reconcilie con su pasado y fortalezca su compromiso de garantizar los derechos humanos”.
Se establece la importancia de “una disculpa pública por parte del Estado, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas correspondientes y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas”.
Como parte de las acciones fijadas por la CEAV, también se destinarán 6 millones de pesos del presupuesto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las iniciativas “Colección M-68. Ciudadanías en Movimiento” e “Intervención Tlatelolco 68-18”, del programa museológico en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.
Con los recursos se creará un fondo de reparación integral a las víctimas y para reivindicar la imagen de quienes participaron en la concentración y en los movimientos sociales subsecuentes, se realizarán exposiciones en las que participan diversos colectivos, los que proporcionarán información sobre lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, así como la guerra sucia.
En el documento, la CEAV afirma que con el uso de la fuerza pública se cometieron conductas notorias que “constituyeron delitos y violaciones a los derechos humanos. En ese tenor, la transgresión a los derechos humanos de un número indeterminado de personas produjo a la vez una afectación a nivel colectivo respecto al derecho y a la libre manifestación y expresión de ideas”.
Las acciones de reparación colectiva aprobadas buscarán, indica la CEAV, detonar diversos procesos que permitan una reparación integral y restituir la dignidad dañada de las víctimas.
Reconciliación con el pasado
La institución señaló que “este episodio de la vida nacional debe revelarse y estudiarse de la manera más amplia para que México se reconcilie con su pasado y fortalezca su compromiso de asegurar las garantías individuales”.
La única vía para garantizar “de manera efectiva y eficaz” los derechos de las víctimas, enfatiza el dictamen, “es haciendo real su derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral”, y que uno de los caminos para conseguirlo es la justicia transicional.
“Este proceso requiere acciones penales contra los principales responsables de los crímenes, esclarecer e investigar la verdad sobre violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, policía o grupos paramilitares”, precisó.
Incluye también un sistema de reparaciones individuales, colectivas, materiales y simbólicas para paliar y resarcir “en alguna medida las violaciones cometida a los derechos humanos” y reformas jurídicas e institucionales para modificar la actuación de las fuerzas de seguridad.
“En el caso de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, un proceso de justicia transicional permitiría despejar el camino hacia el esclarecimiento de la verdad y, sobre todo, hacia la posibilidad de reconciliación entre la sociedad y el Estado, entre el pasado y presente”, señala el dictamen.
La comisión ejecutiva puntualizó que con este acuerdo se pretende que por medio de actos públicos y simbólicos se abone al derecho a la verdad, pero “también contribuir a que los procesos de justicia continúen, sentando las bases para generar la participación de las víctimas atendiendo el principio de participación conjunta”.
Difundir la memoria
La “Colección M68. Ciudadanías en movimiento” consiste en una recopilación de documentos en formato digital, integrada por acervos públicos y privados sobre los movimientos sociales de la década de 1960 a la fecha, busca preservar y divulgar la memoria a través del acceso “libre, público y gratuito” a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permitan reconstruir los hechos.
Esta iniciativa artística tendrá un costo de 3 millones de pesos que serán destinados a contribuir a labores de investigación, gestión de archivos con fines de preservación digital y diseño de plataforma interactiva.
En el caso de “Intervención 68-18” es una manifestación artística contemporánea que se instalará en el patio central del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el cual se pretende propiciar la construcción de un espacio simbólico para las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 y que deberá servir para la reflexión, la información y la memoria de este acontecimiento histórico.
Al igual que en la primera iniciativa, ésta tendrá un costo de 3 millones de pesos que se invertirán en el proceso de convocatoria a creadores, producción, montaje de la instalación artística, así como acciones de vinculación.
Ambas iniciativas serán de acceso público y gratuito.
La resolución de la CEAV detalló que con la finalidad de analizar opciones que le permitieran implementar medidas de satisfacción colectiva, desde febrero de este año realizó reuniones de trabajo y dialogó con autoridades del CCUT, en los ejes de trabajo que realiza en el marco de las conmemoraciones elaboradas en conjunto con otras cuatro universidades protagonistas del movimientos estudiantil de 1968: el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana.
Por lo que el pasado 23 de marzo, Ricardo Raphael de la Madrid, director general del CCUT, formalizó la invitación para que la CEAV participara en estas dos iniciativas artísticas.
