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El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que al corte del 30 de junio pasado sólo cuatro entidades han aprobado su Política Estatal Anticorrupción (PEA), cuatro más tienen propuesta y seis están en la etapa de reuniones de acompañamiento y las 17 restantes hicieron caso omiso.
Así lo informaron los miembros del Comité Coordinador durante su Tercera Sesión Ordinaria del 2020, que por primera vez se llevó a cabo de manera virtual, a raíz de la emergencia sanitaria a causa de Covid-19.
La sesión estuvo presidida por Ricardo Salgado Perrillat, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Rosa María Cruz Lesbros, representante del Comité de Participación Ciudadana del SNA; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación ASF) y la consejera Loretta Ortíz Ahlf, del Consejo de la Judicatura Federal.
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Entre las políticas anticorrupción a nivel estatal que ya fueron aprobadas están la del estado de Zacatecas, Sinaloa, Estado de México y Tlaxcala, y este viernes 4 de septiembre lo hará Quintana Roo.
Y los estados que trabajan en una propuesta son Durango, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Por otra parte, las entidades que apenas iniciaron con reuniones de acompañamiento son Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Michoacán e Hidalgo.
Las 17 entidades restantes aún no están trabajando en el marco normativo que les permita avanzar en la integración de las PEA.
En esta Tercera Sesión, también se presentó el Quinto Informe de Seguimiento a la Recomendación no vinculante dirigida a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con la selección de jueces y magistrados.
Y a dos años y medio de emitida la recomendación se han recibido 54 respuestas, 30 por parte de los Ejecutivos estatales y 24 de los Congresos de las entidades federativas.
El Poder Ejecutivo de los estados que han hecho caso omiso son Chiapas, Quintana Roo y Tlaxcala y en el caso del Poder Legislativo las entidades que no han respondido a esta recomendación están Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán, Nayarit, Oaxaca y Tabasco.
Además, el Comité aprobó el Informe del Sistema Nacional de Fiscalización, a cargo de la Presidencia Dual del Sistema Nacional de Fiscalización, en términos del artículo 38, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y el Programa de Trabajo Anual 2020 del Comité Coordinador.
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