Más Información
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx , organizaciones peticionarias en el caso del periodista asesinado Francisco Ortiz Franco, presentaron sus observaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reactivar el caso del editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana, asesinado en 2004, y en cuyo caso ninguna persona ha sido sentenciada como responsable de este crimen.
Ambas organizaciones destacaron que, por el tiempo transcurrido de este asesinato, por tratarse de un periodista del semanario “Zeta”, uno de los medios mexicanos que más ataques ha sufrido en las últimas tres décadas y por registrarse en un país en que el riesgo para ejercer el periodismo es muy alto, es esencial que las autoridades no dejen este caso en la impunidad.
Francisco Ortiz Franco
, uno de los fundadores de Zeta, fue asesinado el 22 de junio de 2004 en Tijuana y de acuerdo a los primeros datos periciales, se trató de un ataque bien planeado y consumado por un sicario entrenado que llegó como copiloto de una camioneta con placas fronterizas, de la que descendió y en segundos disparó al periodista, al menos, cinco veces.
Destaca que el ataque ocurrió a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del estado de Baja California); sin embargo, las autoridades no llegaron a auxiliar al periodista de inmediato.
Como editor del semanario, además de coordinar información de los reporteros y revisar los textos, escribía una columna y reportajes sobre política, inseguridad, corrupción y sobre los grupos criminales que operaban en Baja California, en esa época el Cártel de Tijuana, organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que lideraban los hermanos Arellano Félix, que era capaz de trasladar toneladas de cocaína de Colombia hasta California.
Por medio de una carta, la SIP y la a Alianza de Medios Mx señalaron que, en el asesinato de Ortiz Franco existen evidencias de que no sólo fueron miembros del crimen organizado los involucrados, sino que tuvieron de cómplices a las autoridades de la ahora Fiscalía General de Baja California. A pesar de esto, la Fiscalía General de la República dejó las investigaciones a cargo de la autoridad local.
A una solicitud de transparencia a la FGR, fechada en mayo pasado, sobre la situación legal del expediente del periodista y la petición de acceder a él, la dependencia respondió que no cuenta con el legajo sobre el crimen del periodista.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del estado de Baja California, a través de otra solicitud de transparencia, también fechada en mayo de este año, respondió que el expediente abierto hace 17 años “aún se encuentra en investigación”; al pedir conocer una versión pública de los documentos, la autoridad decretó su reserva, ya que encuadra en el supuesto legal de que al darse a conocer “se obstruiría la persecución de los delitos aunado a que afectaría el debido proceso”.
La SIP y la Alianza de Medios Mx manifestaron ante la CIDH que es indispensable resaltar que los organismos de derechos humanos, con capacidad constitucional y legal para influir en las decisiones de las autoridades, y presentar denuncias penales, deben de tener acceso a los expedientes y emitir recomendaciones que exhiban la impunidad y tengan repercusión penal o administrativa, como son las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Estatal de Derechos Humanos, quienes han reconocido que no tienen un expediente abierto para dar seguimiento al caso de Ortiz Franco.
