En medio de la crisis humanitaria que vive el país por desaparición de personas, cuya cifra rebasa 94 mil casos —de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación— y mientras una misión de Naciones Unidas visita México para conocer a fondo el tema, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), Abel Galván, se separó temporalmente del cargo.
Fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que Galván dejó su oficina el 18 de noviembre, “por necesidades del servicio”, sin una fecha establecida para retomar el cargo que asumió en enero de 2018, cuando Alberto Elías Beltrán era el encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En su informe entregado al comité de la ONU, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos acusó que la impunidad en los casos de desaparición en México supera 98%, y estima que miles de denuncias por este delito de alto impacto no se investigan y muchas no se presentan por falta de confianza en las autoridades.
“Sólo existen 35 sentencias por el delito de desaparición. Las fiscalías deben asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia”, acusó el grupo.
Además, el movimiento reveló que 99% de los más de 94 mil casos de desaparecidos ocurrieron a partir de 2006, en el inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que se han documentado 12 asesinatos contra familiares buscadores.
“Muchas otras han sufrido amenazas e intimidación. El gobierno debe reconocer públicamente la labor de defensa de derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento”, agregó.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, a cargo de Galván, abrió el año pasado una investigación contra los 30 marinos que al parecer participaron en la desaparición de cuatro víctimas, en Nuevo Laredo.
Por los hechos referidos, un juez federal libró órdenes de aprehensión, con las causas penales acumuladas 155/2020, 307/2020 y 308/2020, contra los 30 marinos.
Ante ello, la Marina puso a disposición de la FGR a los marinos requeridos, a fin de deslindar responsabilidades. De acuerdo con la secretaría, el personal naval se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión en Nuevo Laredo, región con presencia de los cárteles del Golfo y del Noreste.
Algo similar ocurrió con el exdirector de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR, Kayosci Guerrero, quien fue separado temporalmente del cargo por las investigaciones sobre el robo a una residencia del fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, en mayo del año pasado.
Guerrero, electo por votación directa de los agentes, algo que el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, consideró histórico, duró casi cinco meses en el cargo.
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