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Una venganza de la DEA, su relación tirante con el Ejército mexicano, un procurador de Estados Unidos con investigaciones basadas en indicios y los casos de Enrique Camarena y de Humberto Álvarez Machain, rodean el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, consideró el extitular de la entonces PGR, Ignacio Morales Lechuga.
Al impartir la conferencia virtual “Reflexiones sobre el enjuiciamiento del general Salvador Cienfuegos", ante integrantes de la organización Mexicanos por México (MXM), el abogado aseguró que desde los hechos ocurridos en el rancho “El Búfalo”, en 1984, y la muerte del agente Camarena, la agencia antidrogas norteamericana siempre había tenido la intención de cobrar venganza contra las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército mexicano.
Recuerda que la DEA acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de cuidar el rancho “El Búfalo”, del capo Rafael Caro Quintero, donde se sembraban hectáreas de marihuana, por lo que decidió años después trabajar mejor con la Marina.
“Las cosas han seguido muy tirantes entre el Ejército y la DEA, porque la DEA acusaba al Ejército mexicano de haber estado cuidando el rancho el Búfalo, donde se estaban sembrando toneladas de marihuana”, indicó.
Morales Lechuga recordó que el actual procurador de EU, William Barr, ocupaba el mismo cargo cuando él estuvo como procurador general de la República y que se caracteriza, dijo, por realizar investigaciones basadas en indicios y no en pruebas contundentes.
“Cuando estuve como procurador me reuní con el procurador americano, William Bar, con el jefe del FBI, William Sessions y con el director de la DEA, Robert Bonner, y me solicitaron que México extraditara a Manuel Bartlett, Enrique Álvarez del Castillo y a Juan Arévalo, a quienes culparon de ser los autores intelectuales del asesinato de Camarena, pero no tenían pruebas”.
Y añadió: “Esto lo comento porque el procurador Barr es muy dado a armar expedientes con indicios, ni si quiera con pruebas y evidencias, sino con indicios como los que se han comentado ahora de mensajes de BlackBerry, llamadas telefónicas, pero que muchas veces no tienen sustento”.
En el caso de Humberto Álvarez Machain, quien fuera señalado de ser el médico del cártel de Guadalajara, el exprocurador señaló que las autoridades norteamericanas lo acusaron de haber colaborado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, pero el juez que llevó el caso en EU acusó a los fiscales de mentir y lo dejó en libertad.
“Fue un caso paradigmático, que lo relato porque todo: el carácter del procurador, William Barr, el fiscal de Nueva York, que es un fiscal ambicioso, la DEA con todos sus agravios históricos acumulados, pero que ahora tiene la oportunidad de sacarlos a flote, este es el ambiente que rodea el juicio del general Cienfuegos”, expuso.
Morales Lechuga afirmó que el gobierno de México debería enviar a Estados Unidos una nota de protesta porque, a su consideración, la DEA violó el acuerdo de cooperación del 3 de julio de 1992, en el que se establecen las reglas de operación de los agentes de la DEA, FBI y agencias de seguridad extranjeras.
“Me extraña que hasta este momento no hayan hecho valer este acuerdo, este documento, aceptado por el gobierno de Estados Unidos, porque en el caso del general Cienfuegos se ha dicho y se ha repetido que la DEA ha estado espiando teléfonos mexicanos, ha estado espiando a todo mundo y el gobierno mexicano no puede permitir el espionaje en territorio nacional porque eso es una invasión a la soberanía y al ejercicio competencial del gobierno de México”, consideró.
Para Morales Lechuga, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de colaborar con el cártel de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, fue un secretario excepcional, que respetó el arraigo, la permanencia y que motivó mucho a las mujeres para que ingresaran a las Fuerzas Armadas.
“Defendió mucho la institución del Ejército porque ha sido de alguna manera, canalizado a realizar acciones u operaciones ajenas a tareas del Ejército”, comentó.
