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En Iguala la muerte es un negocio boyante. Por la avenida Bandera Nacional, que viene desde el bulevar hasta el centro, pueden contarse al menos cuatro funerarias. Hay 11 de estos negocios en esta ciudad del norte de Guerrero. Iguala es de los municipios más violentos del estado y uno de los 16 que no tienen policía municipal.
O los 60 agentes que tienen no están en funciones desde hace 10 años, desde que en septiembre 2014 participaron de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El ayuntamiento y sus calles circundantes que arden a 39 grados están vigiladas por la policía del estado, la corporación que se encarga de la seguridad pública en el municipio.
Cuando aún era secretario de Gobierno, Ludwin Reynoso Núñez dijo en entrevista a este reportero que las policías municipales de Guerrero se estaban acabando. “Hay una desarticulación desde hace 12 años de las policías municipales”. Erosionadas por diversos factores: la falta de certificación, la infiltración del crimen organizado. Reynoso fue destituido el 14 de marzo pasado tras el asesinato del normalista de Ayorzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta por policías estatales.
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Disminuida y rebasada
El diputado Joaquín Badillo preside la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Guerrero. Hoy es lunes y hay sesión. El diputado está en la sala de plenos. Saldrá hasta que termine.
—Las policías municipales son el primero y el más delgado de los eslabones de la seguridad pública estatal —dirá una vez que esté en el lobby—. Está disminuida y rebasada por los delitos comunes y federales y muchas de las veces hasta por la población. Le hace falta todo. Mejores salarios, capacitación, armamento, profesionalización y mandos capaces.
—¿Y no hay presupuesto para eso?
—Está el Fortamun. Es un presupuesto que les asignan a los municipios. Ahí están los recursos etiquetados para seguridad.
—¿Qué hace falta?
—Depuración. Se debe dar lugar a policías confiables. Pero no hay fondos para jubilaciones y pensiones. Cuando salgan, saldrán sin prestaciones sociales.
Cuando se le pregunte cuántos policías municipales hay en el estado dará datos sueltos. Días después, su secretario facilitará el Programa Sectorial de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero. El documento dice que en los 81 municipios (ahora son 85, cuatro de reciente formación) hay un total de 2 mil 757 policías municipales de un estándar que exige 9 mil 913. El documento, actualizado a 2022, destaca que se requieren (o hay un déficit) de 7 mil 158 más para que los municipios atiendan la seguridad pública “como primera autoridad”.
Estos 2 mil 757 policías están distribuidos sólo en 65 de los 81 municipios. Es decir, 16 no tienen ninguna policía municipal y 32 tienen entre uno y 12 preventivos. La seguridad de esos municipios está a cargo de la Policía Estatal.
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“Para que aprendan a respetar”
La descomposición policial en Guerrero ha sido lenta. Desde hace al menos 18 años y puede resumirse de la siguiente manera. El lunes 23 de octubre de 2023 la Policía Municipal de Coyuca de Benítez, Costa Grande, fue, en los hechos, desmantelada; 11 policías fueron asesinados junto con sus dos mandos, 13 en total: el secretario de seguridad, Alfredo Alonso López y el director de la policía, Honorio Salinas Garay.
Hasta el cierre de este texto no se han nombrado nuevos mandos y las labores de seguridad las tomó la policía del estado y la Guardia Nacional. Una fuente dijo al reportero que se trata de una disputa por el control de la corporación entre adversarios del crimen. El alcalde Ossiel Pacheco Salas no respondió a una solicitud de entrevista.
En abril de 2006, un jefe policiaco local de Acapulco, Mario Núñez Magaña, y otro agente fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en un punto conocido como La Garita. Con ellas había un mensaje en una cartulina: “Para que aprendan a respetar”. Tres meses antes los policías habían matado a cuatro hombres, supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, en el mismo lugar.
En 2012 una célula de La Familia Michoacana secuestró al alcalde electo de Teloloapan, Jesús Valladares Salgado, para comprometerlo a nombrar a un jefe policiaco a modo. Pero el caso más conocido fue cuando en septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala ayudó a criminales del grupo Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así que desde la decapitación de dos policías de Acapulco que se atrevieron a levantar la mano contra el crimen, el secuestro del alcalde de Teloloapan, la participación de la Policía Municipal en el caso de los 43, hasta la matanza de 13 policías de Coyuca de Benítez, es cómo se ha ido erosionando la policía municipal de Guerrero, hasta llegar a lo que es ahora: una policía municipal en franca desarticulación.
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Vínculos
En Chilpancingo la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez dice que cuando llegó tuvo que depurar a la Policía Municipal. Está acompañada de la secretaria de Seguridad Pública, Martha Isela Velázquez Adame. La agente secunda lo que dice la alcaldesa. Sobre todo en la parte donde asegura que la anterior policía encabezada por el alcalde del PRD Antonio Gaspar Beltrán estaba “muy vinculada” con la delincuencia.
—¿Y qué hizo?
—Pedirles que se certificaran. Hubo muchas resistencias, amenazas para que sacara a Martha Isela de la policía.
—Se desarmó a la policía municipal en la administración pasada por ese motivo —interviene la comandante—. Y el que era jefe policiaco [Esteban Espinosa Montoya] estuvo vinculado a un caso de desaparición forzada.
—¿Cuántos policías tienen y cuántos necesitan?
—Hay 116 agentes —sigue la jefa policial—, 91 certificados para 670 colonias [o 280 mil habitantes]. Deberíamos tener al menos 600.
—¿Cuán difícil ha sido combatir la inseguridad dado el número de policías?
—Ha sido difícil —dice la alcaldesa—. Lo que hacemos es no meternos en áreas que no nos corresponden. Por ejemplo, del fuero federal. Nuestro margen de acción es limitado. Lo que hemos procurado es hacer más una policía de proximidad, que concilie conflictos entre particulares para que no deriven en actos violentos.
—¿Te sientes segura en la ciudad?
—Sí. Salgo normal. Por supuesto, tengo una responsabilidad y debo salvaguardar mi integridad. (Días después de la entrevista, el jueves 18 de abril, el Inegi colocó a Chilpancingo en el cuarto lugar nacional en percepción de inseguridad con 87.3%. Cinco puntos menos que en el mismo periodo del año anterior y cuando no figuraba entre los primeros cinco lugares).
Cuando llegaron —dice la comandante— había 500 agentes entre municipales y estatales que atendían la seguridad pública y tenían un solo mando. “Ahora es la policía municipal por un lado y la policía del estado por el otro —añade la alcaldesa—. Eso nos ha afectado mucho en la inseguridad. Lo mejor es que hubiera habido una sola estrategia y no cada quien por su lado. Eso nos complicó todo”.
—¿De qué modo?
—En inhibición del delito.
—¿Cuáles son sus índices?
—Violencia familiar, luego robo de vehículos, robos a casa-habitación y conflictos entre particulares. La mayor parte de delitos que se comenten en Chilpancingo son delitos federales. Y de eso, los otros órdenes de gobierno saben quiénes son, cómo son, dónde están.
Policía inhabilitada
El alcalde de Iguala, David Gama Pérez, prefiere no hablar del tema y de ningún otro. La ciudad está entre las tres más violentas del estado, junto con Acapulco, que está en primer lugar y Chilpancingo, en segundo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este día, un lunes laboral de oficinas y actividades escolares, hubo un asesinato. Un hombre fue perseguido cuando conducía y alcanzado por las balas.
El asesinato ocurrió frente al predio donde se instala la Feria de la Bandera, una celebración que se organiza en febrero de cada año, desde hace 70 años. Sólo que esta ocasión fue cancelada por primera vez por la disputa entre Los Tlacos y La Familia Michoacana y por amenazas al alcalde. Y aunque los asesinatos habían venido a la baja debido a un supuesto pacto entre ambos grupos, han desaparecido 12 personas en el primer trimestre de este año.
Las calles lucen edificios ruinosos y negocios vacíos. Salvo las funerarias que tienen amplio surtido de ataúdes. En un lugar cercano al ayuntamiento un grupo de varones toma cervezas. No parece ser una ciudad en inicio de semana. Ni bullicio en las paradas del transporte ni fondas con comensales. Tampoco se oyen estudiantes con su particular alborozo. En una escuela primaria, a un par de cuadras del centro, los padres salen aprisa con sus hijos de la mano y los suben a sus coches. Todo extraño es visto con desconfianza en una ciudad donde no se ven policías en muchas cuadras.
El secretario de seguridad pública, Édgar Mendoza Quezada, dice desde el teléfono que son 60 policías municipales, y que por el caso de la desaparición de los 43 normalistas y por disposición de la autoridad federal están inhabilitados.
Más tarde, Julio Sánchez, secretario particular del alcalde, dice que por la veda electoral el presidente no declara. David Gama busca la reelección por el PRI y está acuartelado. Cuando se le pregunta por qué no se cambia a toda la policía dice que el tema no es fácil. “No se les puede dar de baja así como así”. De todos modos los agentes siguen yendo al cuartel a pasar revista, se les está pagando, y “a hacer sus exámenes rutinarios de confianza”, dice.
