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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) externó su preocupación por la pretensión de reforma enviada por el Ejecutivo Federal para desnaturalizar el proceso de designación de los juzgadores federales.
Lo cual implica una absoluta injerencia en la independencia judicial y propicia la afectación de los derechos humanos.
“Jufed rechaza la narrativa que se ha construido contra las personas juzgadoras federales, para ubicarlas como adversarias políticas, aliadas de intereses particulares y corruptos, con la única intención de desprestigiarlas frente a la sociedad.
“Para justificar una reforma que, en esencia, busca desaparecer el equilibrio de Poderes establecido en la Constitución”, señaló la Asociación en un posicionamiento.
Remarcó que esta reforma transgrede ese derecho y, por ende, el de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos.
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El Organismo enfatizó que los juzgadores federales sólo se deben a la Constitución y no a los partidos u otros actores; y una prueba de ello es que son depositarios de la confianza de los ciudadanos para proteger su salud, su vida, su libertad; y todo ello puede estar en riesgo al politizarse la justicia a través de cuotas partidistas.
Indicó que no se juzga para recibir aplausos, sino para hacer valer el texto fundamental y las leyes que de éste se deriven, detalló que la independencia de la judicatura, mandata la ONU, será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.
“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán este principio. Ir en contra de ello, no sólo es ir en contra de la Constitución, sino contra los principios que fundamentan nuestra democracia.
“Sin juzgadores independientes no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni certidumbre para el desarrollo de México”, refirió la Jufed.
Destacó que la reforma es contraria al principio de división de poderes establecido en la Constitución, que es producto de una lucha histórica de las fuerzas políticas y de los ciudadanos.
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El posicionamiento firmado por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la Jufed y la directiva nacional subrayó que esta pretensión surge justo en los momentos en que los mexicanos han recurrido con gran intensidad ante los juzgados.
Así como tribunales federales a solicitar la defensa de sus derechos, frente a actos arbitrarios de las autoridades.
Aseveró que la reforma propuesta por el Ejecutivo es contraria a las convenciones y tratados internacionales que México ha firmado para fortalecer la independencia judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras como una garantía de esa independencia y para preservarlos de presiones indebidas.
El organismo sostuvo que la elección de personas juzgadoras mediante un sistema de votación popular socava el principio de carrera judicial previsto constitucionalmente, al permitir que factores no relacionados con la capacidad y experiencia legal influyan en la selección de candidatos.
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Lo cual genera que se comprometa la calidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza en el sistema de justicia y enfatizó que el sistema de carrera judicial tiene su base en el reconocimiento de la capacidad y experiencia, méritos que a través de los concursos a los cargos de juzgadores federales garantizan a los gobernados los principios de independencia e imparcialidad.
“Es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos protege la inamovilidad en el cargo de las personas juzgadoras federales como garantía de la independencia judicial”, puntualizó.
¿Qué reforma propone AMLO al Poder Judicial?
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un paquete de 20 reformas constitucionales entre las que destacan que los jueces, magistrados y ministros de la SCJN sean electos por el voto directo del pueblo.
Desde del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, donde se formó la Carta magna de 1857, el Presidente de la República planteó los integrantes del Poder Judicial de la Federación en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por los diputados y senadores serán electos de manera directa por el pueblo “porque sólo el pueblo puede ser salvado por el pueblo”.
Se conoció que el Ejecutivo busca la renovación del pleno de ministros de la SCJN en una elección extraordinaria en 2025, cuando ya no esté en el poder.
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Dicha elección será organizada por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual no existe en la ley.
El Jefe del Ejecutivo también busca reducir de 11 a nueve el número de ministros del máximo tribunal del país.
Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y ante integrantes de su Gabinete, el presidente López Obrador aseguró que para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la extinta Policía Federal, propuso que este cuerpo d seguridad parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con estricto respeto a los derechos humanos.
Con información de Eduardo Dina
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