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A ocho meses de que se publicó el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas —que documentó 18 casos de abusos sexuales en contra de más de un centenar de menores en planteles públicos y privados del nivel preescolar en siete estados del país— abogados y activistas acusan silencio del Estado mexicano y más casos similares en el país.
El informe elaborado y actualizado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. ( ODI ), expone que desde su publicación, en mayo de 2021, “el Estado ha mantenido silencio mientras los casos aumentan”.
En la actualización del informe se registra que ahora son 21 casos en 10 estados —tres más a los denunciados en mayo del año pasado—, en donde los responsables de estas agresiones sexuales —maestros y trabajadores administrativos— en su mayoría no son sancionados ni denunciados por la SEP , y sólo son cambiados de escuela.
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“Es muy grave el silencio por ignorancia o indiferencia de la SEP, de su titular, Delfina Gómez , ante los casos denunciados, y lo peor es que con el fin de la pandemia y el regreso a clases presenciales de niños, el escenario que se prevé es que sigan ocurriendo más casos en escuelas donde hay un modus operandi, con varios adultos abusando sexualmente de los menores, grabando los abusos, y todo ello sin acciones ni respuesta institucional para frenarlos”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL el abogado de ODI, Alberto Muñoz .
En uno de los últimos casos, señala el informe actualizado, los hechos ocurrieron durante la pandemia de Covid-19 , en la etapa de confinamiento a nivel nacional. En enero de 2021, por recomendación de la escuela una niña en edad preescolar fue enviada a clases de regularización.
Las clases tendrían lugar en la casa de una de las maestras de la escuela. Durante este tiempo la niña fue violentada sexualmente por la maestra y por su esposo. La violencia sufrida por la niña de apenas cuatro años de edad, además de agresiones físicas, verbales, sicológicas y sexuales exacerbadas, se expresaba en dinámicas como quemar peluches, mesas con veladoras y calaveras, rituales con la santa muerte y embarrarla con heces o vómito.
La niña refiere que los agresores la disfrazaban, la obligaban a bailar y le tomaban fotografías. Este caso sigue impune, la escuela continúa en funcionamiento y las autoridades no han realizado las indagatorias necesarias para la investigación y sanción del caso, destaca el informe de ODI.
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“Hemos recibido varios casos de los cuales detectamos tres nuevos en igual número de estados que cumplían con las características que estábamos definiendo, como agresiones a víctimas en grupo, múltiples adultos presentes durante el abuso, actos de encubrimiento por parte del personal escolar y el uso de videocámaras, entre otros. Con esos indicadores se detecta este aumento de casos”, indicó Muñoz.
Los tres nuevos casos detectados son en escuelas públicas de Veracruz , Tabasco y Coahuila .
“Son sólo los que representamos, pero obviamente puede haber muchos más que no estamos litigando, que no se han denunciado o que la SEP conoce y no los lleva ante las autoridades y les da un tratamiento administrativo, sólo cambiando de plaza o escuela a los maestros y trabajadores agresores”, expuso.
Uno de los nuevos casos detectados ocurrió en 2019, dentro de un jardín de niños público: al menos siete niños fueron agredidos sexualmente por el intendente y un maestro de la escuela. Las agresiones tuvieron lugar en salones de clases, baños, una oficina o bodega dentro del salón, y en el área de juegos.
Este caso reporta abuso sexual, golpes y violencia verbal. Los niños eran bañados con agua fría y, como parte de las dinámicas de abuso, los agresores realizaban juegos del Chavo del 8, juego de la llave o del cofre del tesoro.
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Los niños dijeron haber tomado algo que los relajaba y les provocaba dormir toda la tarde después de la escuela. Asimismo, fueron grabados y fotografiados durante las agresiones. En este caso, igual que en los demás documentados, los niños fueron víctimas de amenazas, entre las que se encontraban hacerle daño a su familia si decían algo.
“En este caso, como en muchos otros, las maestras y directora tuvieron conocimiento del caso y optaron por encubrir a los agresores”, señala el informe.
En un caso más, también de 2019, cerca de 10 personas, entre quienes se encuentran personal docente, directivo, administrativo e, incluso, propietarios de un colegio privado, violentaron sexualmente a por lo menos tres niñas y niños de grado preescolar en una casa privada detrás de la escuela que estaba conectada con las instalaciones educativas.
Además de las agresiones físicas y sexuales, en este caso se reporta la realización de rituales en los que se les obligaba a tomar sangre, comer fruta podrida, violentar a animales en frente de ellas y obligarlas a romper muñecas. También reportan haber sido disfrazadas y forzadas a bailar mientras eran videograbadas.
La investigación penal de este caso ha estado plagada de irregularidades y obstaculizaciones que no han permitido el acceso a la justicia de las víctimas conocidas.
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“Preocupa que se difunde este informe hace más de ocho meses y hay una pobre respuesta institucional. Sigue habiendo un silencio del gobierno, de las autoridades , a pesar de que los abusos siguen existiendo y están aumentando”, dijo el especialista.
“Obviamente, asumimos que los casos que detectamos son una cantidad que no representa lo que realmente está sucediendo en las escuelas. Es sólo la punta del iceberg del abuso a menores en escuelas”, aseguró.
Reconoció que en la SEP hay protocolos o lineamientos para atender este tipo de denuncias que fueron publicados en 2016 y que indican que ante la detección de un abuso escolar, quien detecta debe informar a la dirección del plantel; a su vez, ésta a la supervisión de área y, aparte, avisos a la Procuraduría de Protección del Menor y a la fiscalía del estado o de la Ciudad de México .
“Lo que detectamos en el informe es que todo se queda como una queja administrativa en el ámbito de la SEP y pocos llegan a ser denunciados penalmente”, porque muchas veces en los abusos están involucrados los directores de las escuelas.
“Hemos detectado casos en que personal como directores, maestros o administrativos que participaron en abusos sexuales contra menores solamente son ‘sancionados’ con un reajuste de plazas, es decir, cambio de escuela o de nivel, pero no separación del cargo ni mucho menos denuncias penales”, agregó Alberto Muñoz.
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Respecto al regreso a clases presenciales, dijo que el tema de la crisis sanitaria por el Covid-19 ha sido delicado, que es un tema grave que requiere atención, pero no es el único.
“En el regreso a clases se están tomando medidas con respecto a la crisis sanitaria, pero no se está visibilizando ni tomando medidas a esta crisis, que también es importante, que es el abuso sexual de niños en escuelas.
“El escenario, mientras no se tomen acciones, es que los casos van a seguir apareciendo. Ya se hizo visible esto y la SEP no toma acciones, no hay medidas de prevención. No sé si es ignorancia por no saber cómo manejarlo o de plano es indiferencia. No sé qué pasa por la cabeza de las autoridades ante este problema tan grave”, indicó.
Sentencias
En los últimos 30 días coinciden tres sentencias en condenar al Estado por su responsabilidad en la comisión de delitos de abuso sexual organizado en prescolares públicos. En particular, la SEP debe tomar acciones para garantizar que estos delitos no vuelvan a suceder.
