La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que encabeza María Estela Ríos González, considera que si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propone invalidar la segunda parte del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, se transformaría en una oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional.
En un comunicado, la consejería critica que nuevamente rechace estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México.
“En caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias y renunciaría a su papel de revisor constitucional, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”, dice la consejería.
Insiste en que nuevamente Laynez Potisek se contradice al opinar que la dispensa de trámite legislativo da lugar a invalidar las leyes que aprueba el Congreso de la Unión.
En su proyecto de sentencia, el ministro ponente pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el plan B, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional.
“El ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”, señala la Consejería Jurídica.
Explica que durante la sesión de 8 de mayo pasado, el ministro defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario: “No podemos juzgar los méritos que la cámara tenga para la urgente y obvia decisión”, no obstante, agrega, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna.
Se indica: “La confusión que atribuye el ministro Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”.
