La Secretaría de la Función Pública confirmó que investiga la evolución patrimonial de exfuncionarios de la administración pasada, pues tiene las facultades para verificar y detectar posibles actos de corrupción y éstas revisiones se someten a un proceso riguroso, siempre con estricta legalidad y precisó que éste seguimiento se hace sin filias ni fobias.
“La Secretaría de la Función Pública, liderada por la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, cuenta con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la administración pública federal”, informó la propia dependencia en una tarjeta informativa.
Explicó que la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y exservidores es para cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción, pues se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos, siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información, sin prejuzgar a nadie.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, explicó el documento de la dependencia.
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Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno federal ordenó rastrear en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares cercanos.
La Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una revisión de todos los movimientos en cuentas del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa, Angélica Rivera Hurtado; sus hijos: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro Peña Díaz (hijo menor del expresidente priista).
La Función Pública señaló que para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de la evolución patrimonial, no revela información sobre los procedimientos, los cuales se realizan de forma objetiva y sin prejuzgar.
Además, destacó que la revisión de las cuentas y declaraciones patrimoniales de los servidores no significa una acusación en su contra ni una presunción al respecto.
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“Para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar. El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad”, destacó la dependencia.
Han abierto 133 expedientes
Además informaron que desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Función Pública ha desplegado una intensa actividad para cumplir con sus funciones legales de prevenir la corrupción y abatir la impunidad.
Destacó que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha ha abierto 133 expedientes de evolución patrimonial, en contraste con los 58 que se iniciaron durante los primeros 11 meses de 2018, último tramo de la administración anterior.
“Así que las solicitudes de información vinculadas con estos procedimientos no son extraordinarias, sino una regla del continuo trabajo para vigilar el buen desempeño de los servidores en áreas estratégicas.
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“Desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi seis veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018”, aseguró la dependencia.
