La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y excomisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales por 18.3 millones de pesos.
“Continuamos dando resultados en el combate a la impunidad. Desde la Función Pública hemos inhabilitado por 10 años a quien fuera comisionado para la Seguridad en Michoacán y también extitular de la Conade en la pasada administración”, dijo la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, en su cuenta de Twitter.
La dependencia informó que, tras un procedimiento de responsabilidades, se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años al exfuncionario en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Señaló que, al realizar la verificación de la evolución patrimonial de Castillo Cervantes, se detectaron omisiones en la información presentada ante la SFP, pues faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 2014 a 2016.
El exfuncionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.
La SFP dijo que, durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.
Señaló que el procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual gobierno, y de los que, a la fecha, se han resuelto 20 mil 222.
Castillo Cervantes era uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto, quien, como gobernador del Estado de México, lo designó procurador General de Justicia de esa entidad.
En el equipo de transición de Peña Nieto, Castillo Cervantes fue coordinador de Justicia.
Luego, al inicio del sexenio, se desempeñó como subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En 2013 fue nombrado titular de la Profeco, donde sólo duró unos meses y salió en 2014.
