Más Información
La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá hacer públicos los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht, entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Lo anterior, derivado de la respuesta a una solicitud de información por parte de un particular, en cuya sentencia también ordenó a la Secretaría de la Función Pública dar a conocer la razón social, así como el tipo de sanción y la fecha en que fue impuesta, precisando, en el caso de las multas, si se cubrieron o no, por parte de los implicados.
“Esta solicitud de información se constituye como un seguimiento a las acciones que se siguen realizando para combatir el fenómeno, tan enorme en nuestro país, de la corrupción, y ejemplifica cómo el acceso a la información pública es una herramienta eficiente para el combate”, subrayó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, encargado del proyecto, durante una sesión realizada de manera virtual.
Al presentar el caso ante el pleno, el comisionado expuso que, a nivel mundial, diversos servidores públicos han sido sancionados por su participación en el caso Odebrecht, tales como el vicepresidente de Ecuador, Jorge David Glas Espinel, sentenciado a seis años de prisión en 2017, y el exgobernador de la región andina de Áncash, en Perú, César Álvarez Aguilar, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel en 2019.
Puntualizó que en México, a partir de abril del año 2020, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V., y Constructora Norberto Odebrecht S.A., fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal.
“Además, en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), consistente en su inhabilitación por 10 años para desempeñarse en cargos públicos y es investigado actualmente por la Fiscalía General de la República (FGR)”, indicó Guerra Ford.
En una petición vía trasparencia se solicitó la información de las personas involucradas en el caso; sin embargo, la Secretaría de la Función Pública sólo dio a conocer que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.
La inconformidad detalló que los datos que proporcionó la Secretaría de la Función Pública eran muy generales, por lo que se interpuso un recurso ante el Inai, cuya sentencia determinó que la información proporcionada “fue restrictiva”.
“Se concluyó que la SFP debe tener registros, documentos y expedientes sobre las sanciones y multas impuestas, por tanto, debe hacer una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio amplio, en todas las áreas competentes, sin omitir a las antes señaladas, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida”, concluye el mandato.
