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Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), celebró la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de ratificar este miércoles la resolución que emitió el año pasado la dependencia a su cargo de inhabilitar por 15 años y una multa de 619 millones de pesos a Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, por la compra irregular de la planta de Fertinal en 2015.
“El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirma nuestra resolución en el caso de Fertinal. La inhabilitación por 15 años y multa de 619 millones de pesos que desde la Secretaría de la Función Pública impusimos al ex director de Pemex Fertilizantes es válida y queda firme”, escribió en su cuenta de Twitter.
En su sesión virtual de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que es válida la sanción impuesta por la Unidad de Responsabilidades de Pemex en mayo de 2019, consistente en 15 años de inhabilitación y multa resarcitoria por 619 millones de pesos.
La sanción fue refrendada con el voto de la mayoría de los magistrados, quienes se pronunciaron sobre el juicio de nulidad interpuesto por Torres Garrido contra la primera de dos sanciones impuestas por la Función Pública.
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Sandoval Ballesteros aseguró que la resolución del TFJA demuestra que la Función Pública “va en serio” contra los casos que durante mucho tiempo permanecieron impunes y que, indicó, ya no se permitirán.
“Antes había mucha parafernalia, pero nulos resultados. Hoy, con hechos demostramos que actuamos con la ley en la mano para sancionar la impunidad, uno de los tres factores que, junto con el abuso de poder y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía, conforman la ominosa corrupción estructural”.
Además, sobre el funcionario pesa una segunda sanción de la Función Pública impuesta en octubre del año pasado, consistente en una inhabilitación por 15 años y multa resarcitoria de 3 mil 225 millones de pesos.
Al imponer estas sanciones, la Función Pública dio vista al área jurídica de Pemex, para que, en defensa de los intereses de esta empresa productiva del Estado, actuara en consecuencia con respecto al daño causado por Torres Garrido.
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