Los 19 mil servidores de la nación, quienes levantaron los censos para entregar los apoyos económicos de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, trabajan desde hace más de un año sin que su creación y salarios tengan sustento jurídico.
En una revisión que hizo EL UNIVERSAL a los reglamentos de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, así como a los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, se constató que no existe un fundamento para crear la figura de los servidores.
Lo que hay es la autorización que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los recursos, de los que Bienestar puede hacer uso para contratar personal por honorarios, se utilicen para ese fin, pero jerárquicamente los servidores forman parte de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, que depende de Presidencia.
Este diario buscó la postura de Gabriel García, coordinador nacional de los programas para el desarrollo, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. En la Secretaría de Bienestar se limitaron a remitir las declaraciones que su titular, María Luisa Albores, ha hecho en otras ocasiones aclarando su posición.
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En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 22 de octubre, Albores explicó que el sustento legal de la creación de los servidores se encontraba en el reglamento interno de la dependencia y en la autorización de la SHCP.
No aparecen en la ley
En respuesta a una solicitud de información a la Secretaría de Bienestar, la dependencia resolvió que el sustento legal de los servidores está estipulado en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social —aún vigente pese al cambio de nombre de la secretaría—, en las fracciones XII bis y XIV.
Éste sólo estipula que la secretaría puede “proponer el ingreso, promoción, licencia y la terminación de la relación laboral del personal adscrito a unidades administrativas, y la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios”.
En los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, publicado el 18 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se introdujo el concepto de “personal de campo”, como los auxiliares de los superdelegados, pero no establecen las tareas que desempeñarán ni el sueldo que recibirán.
En su comparecencia, Albores admitió que “aunque las delegaciones estén jerárquica y orgánicamente adscritas a la Secretaría de Bienestar, en el artículo 17 [de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal] se establece que la coordinación de las delegaciones, en la implementación de sus funciones, estará a cargo de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”.
El contrato
Los servidores de la nación iniciaron sus funciones de manera extraoficial en el periodo de transición de gobierno, que tuvo lugar entre julio y diciembre de 2018. Luego continuaron trabajando sin el sustento legal requerido para cualquier creación de plaza y utilización de recursos, incluso después de iniciada la actual administración federal.
Hasta julio de este año, los 19 mil servidores (en abril eran 17 mil) comenzaron a cobrar 10 mil 217 pesos brutos mensuales (cerca de 9 mil pesos libres de impuestos), según el portal Nómina Transparente del gobierno, el cual habilitó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el contrato que firman los servidores, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se especifica que es de carácter mensual. Además, de la parte contratante sólo firma Teresa Reyes Sahagún, en su calidad de coordinadora de delegaciones de la Secretaría de Bienestar. En la cláusula 14 del documento se señala que “la dependencia no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor del ‘prestador’ de servicios, en virtud de no ser aplicables” la Ley Federal del Trabajo y la de Trabajadores al Servicio del Estado.
Servidores no están protegidos
Por la difícil estructura de su creación, ya que no se hizo una plaza específica para el cargo, diputados y expertos coincidieron en que el gobierno mantiene una irregularidad en el tema y que no les garantiza protección a los servidores, pese a la labor que realizan en favor de uno de los principales objetivos de la administración federal: llevar los programas sociales a la gente más necesitada.
Alfonso Bouzas, especialista en derecho laboral por la UNAM, afirmó que no sólo el gobierno incurre en la ilegalidad por contratar en ese régimen a personal que maneja recursos públicos, sino que además incumple en sus derechos laborales, al no ofrecerles prestaciones ni antigüedad.
“Todas las personas que están trabajando como encuestadoras son contratadas por periodos cortos y no generan ningún tipo de derecho. Es absolutamente irregular, aunque exista una autorización de Hacienda, viola el apartado B del artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”, comentó.
Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, añadió que aunque exista la autorización de Hacienda para utilizar el recurso hay irregularidad, pues no hay presupuesto etiquetado para los servidores: “No viene en el presupuesto, ahí no dice que sea para los servidores. Es un error con mucha falta de transparencia, que se traduce en corrupción”.
