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La organización civil Educación con Rumbo (ECR) obtuvo el 17 de mayo pasado una suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realicen los trámites necesarios para llevar a cabo la prueba piloto PISA, que aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de 15 años.
La suspensión definitiva fue dictada con el número de expediente 840/2024 por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinó conceder la suspensión definitiva.
Miguel Ángel Ortiz, abogado de la ONG, explicó que la suspensión definitiva resulta relevante luego de que ayer el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión provisional, pero con la suspensión definitiva las autoridades están obligadas a cumplir la suspensión definitiva concedida por el Poder Judicial de la Federación.
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Precisó que en caso de que las autoridades se nieguen a cumplir la suspensión podrán ser sancionadas con multas o incluso la destitución o el inicio de procedimientos penales por desacato.
“Al día de hoy la SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera por desacatar una instrucción del Presidente de la República, quien manifestó que la Prueba PISA se realizaría, y la segunda por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación, por lo cual tanto la secretaria de Educación Pública como la comisionada presidenta de Mejoredu deben rendir cuentas a la sociedad y a las instancias competentes”, precisó Ortiz.
Explicó que en caso de que la SEP y Mejoredu no acrediten el cumplimiento de la suspensión definitiva el Poder Judicial podrá destituir o iniciar procedimientos penales a los servidores públicos de la SEP y de la referida comisión.
“La titular de la SEP (Leticia Ramírez) es la encargada de la política pública en materia educativa. Entonces, existe una responsabilidad directa y en grado de supervisión para garantizar que México sea evaluado conforme a los estándares internacionales y a los tratados internacionales de los que México forma parte. Del lado de Mejoredu, allí también hay una obligación clara al día de hoy por un mandato del Poder Judicial para que lleven a cabo los trámites y se lleve a cabo la Prueba PISA en 2025”, indicó.
Sostuvo que con el fallo la SEP y Mejoredu están obligadas a no tener más dilaciones para que se realice la prueba piloto y así garantizar la aplicación del examen de la OCDE el próximo año.
“La OCDE ha manifestado su preocupación porque al día de hoy México no está inscrito que digamos, que ese fue el origen al oficio que emitió la comisionada presidenta de Mejoredu. Entonces, se tiene que dar cumplimiento a la resolución del Poder Judicial para que se aplique la evaluación”, externó el abogado.
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Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, precisó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la Prueba PISA considerando que estamos a ocho semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro del cual debe realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la evaluación que se realiza entre estudiantes de 15 años.
“Quien está en contra de llevar a cabo la Prueba PISA en México está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica, de excelencia y de mejora continua, como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales, por lo cual la sociedad civil exigirá cuentas ante las instancias legales que correspondan”, agregó Amozurrutia.
El 26 de abril pasado, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la OCDE, urgió a la comisionada presidenta de Mejoredu a continuar con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en 2025.
