La (SEP) desconoce si se está realizando en México la prueba piloto PISA, que le permitiría al país participar en esta evaluación diagnóstica que cada tres años aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de 15 años.

A través de una solicitud de transparencia, la dependencia señaló a este diario que “no cuenta con las facultades” para informar sobre lo que se ha realizado hasta el momento en torno a la prueba piloto y recomendó dirigir una solicitud de información a en español.

Cabe señalar que la OCDE no tiene una oficina o área denominada PISA en español, menos para informar sobre el estado de la prueba en México, sino solamente una pestaña dentro de su propia plataforma electrónica para informar sobre todo el trabajo de dicho organismo en este idioma.

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Especialistas en temas educativos expresaron su desconcierto por la respuesta de la SEP al señalar que no es creíble que la autoridad educativa no tenga el control del levantamiento de la prueba.

“Estoy bastante desconcertada porque nunca ha sido el procedimiento que la OCDE tome control de la aplicación de la prueba piloto en ningún país. No creo que la OCDE tenga el control en México sobre el levantamiento como para remitir a PISA en español, que es únicamente la página que tiene la organización para informar en nuestro idioma”, mencionó María Teresa Gutiérrez, vocera y directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para Gutiérrez es evidente que la SEP está cayendo en contradicciones, dado que a la jueza que lleva el caso —por un amparo interpuesto por la organización civil Educación con Rumbo— la Secretaría de Educación Pública le respondió que se realizaría esa prueba piloto.

“¿Por qué y para qué se está dando información distinta a las instancias judiciales?”, se preguntó la vocera de Mexicanos Primero, quien comentó que la única instancia que tiene el control para la aplicación de esa prueba es la SEP.

“Es una regla muy clara (...) que las instancias educativas mantengan la relación con la OCDE porque se requieren facultades específicas para poder ingresar a las escuelas. En México no hay manera de que se pueda aplicar una prueba, sea la que sea, nacional, internacional, piloto o aplicación definitiva, sin que la autoridad educativa esté involucrada, puesto que tiene que haber todo un proceso para entrar a la escuela y aplicarlo”, expuso.

Añadió que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación no le está dando el valor necesario a las pruebas de la OCDE. Aunque éstas no son perfectas, dijo, son instrumentos que permiten registrar el avance de nuestros estudiantes en materias fundamentales como matemáticas, lectura y ciencia.

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En junio pasado, Educación con Rumbo obtuvo —por parte de una jueza— una suspensión definitiva para que la SEP lleve a cabo los trámites y gestiones necesarios para garantizar la realización de la prueba PISA en México en 2025.

El abogado de esa ONG, Miguel Ángel Ortiz Gómez, se dijo sorprendido por la respuesta de la SEP —que aseguró desconocer los pasos que se han avanzado en la prueba piloto PISA—, al argumentar que esta dependencia es la competente de la rectoría educativa en el país.

Entonces, añadió, como titular de la rectoría educativa del país tiene la obligación de tener el contacto de todas las pruebas y las relaciones institucionales para la evaluación de la educación.

“Desconozco por qué la negativa de la SEP a rendir cuentas, a transparentar que sí habrá prueba PISA, a transparentar que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior es la que está al frente de ese proceso. Creo que es una mezcla de causas entre la falta de transparencia, la falta de pericia y la negativa a rendir cuentas de un tema que se debería transparentar, porque ya un juzgado lo requirió”, dijo.

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Destacó que este es el momento para que la máxima institución educativa rinda cuentas al equipo de transición de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la sociedad sobre cuál es el estado que guarda la cartera de educación. “En particular, de la prueba que le va a permitir diseñar políticas públicas a la siguiente administración”, comentó.

“La respuesta de la SEP es falsa e incongruente; decir que desconoce lo que se está realizando en estos momentos de la prueba piloto es caer en la incongruencia”, agregó Ortiz Gómez.

Para Erick Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, resulta completamente inverosímil que la Secretaría de Educación Pública no cuente con información respecto al proceso de aplicación de la prueba PISA 2025, toda vez que empata plenamente con sus facultades y atribuciones de ley.

“Es más, históricamente es esta dependencia la que debe coordinar las aplicaciones de la prueba PISA en nuestro país, razón por la cual debe dar un informe detallado del estado que guarda el proceso de aplicación. Es penoso que se responda tratando de confundir a la ciudadanía. Desviar la atención desde un sujeto obligado hacia una institución inexistente exhibe claramente la vocación informativa y de servicio que posee el redactor de la respuesta, desde la Unidad de Transparencia de la SEP”, refirió.

El académico resaltó que, en caso de que la Secretaría de Educación Pública continúe en la opacidad al respecto, “se afectará a toda una generación de estudiantes, de quienes no sabremos si los aprendizajes que adquieren en las escuelas les permiten desarrollar competencias para resolver problemas de la vida cotidiana”.

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