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Aunque especialistas en educación consideran que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no arrancar la implementación del pilotaje de los nuevos planes y programas de estudio para educación básica representa un triunfo, aseguran que la resolución del juez de suspenderla le cayó como “anillo al dedo a la SEP”, porque no tenía preparado nada para echar a andar esa estrategia educativa el 29 de octubre.
“Me parece rarísima la actitud de la SEP. Es la primera vez en todo este sexenio que esa dependencia acata la resolución de un juez y ahora resulta que son respetuosos de las leyes, ¡no es creíble! Estoy convencida de que no tenían nada listo para la aplicación de este nuevo programa, ni siquiera los libros de texto para las escuelas en los que se aplicaría el piloto”, comenta Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Ese plan se iba a aplicar en 960 planteles de la República. Sin embargo, la aplicación fue frenada el pasado 2 de octubre por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al considerar que los nuevos planes y programas de estudio en el sector de educación básica son inconstitucionales.
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El organismo civil Educación con Rumbo (ECR) fue el que interpuso el amparo bajo el argumento de que no existía justificación legal para que la SEP implementara ese programa en 960 escuelas públicas.
“Se trata de un modelo prueba-error, experimental e inconstitucional que no garantiza la educación científica ni de calidad”, expresó la organización.
El juez, por su parte, argumentó que con la nueva estrategia educativa se experimentaba con un plan que carecía de un estudio formal y con docentes que no fueron capacitados, además de que el programa presenta poca claridad sobre las asignaturas, el contenido curricular y las evaluaciones.
Por ello, la mañana del martes la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, sostuvo un encuentro virtual con los 32 secretarios locales de Educación del país, a los que les pidió suspender la implementación del pilotaje, aunque fue hasta este miércoles que dio a conocer la decisión.
Informó que la SEP seguirá de manera puntual y atingente los juicios de amparo promovidos contra el artículo cuarto transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Comentó que la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se espera pronta resolución a favor del interés superior de niños y adolescentes del país, que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas.
Para Maldonado es claro que a dos semanas de que entrara la aplicación del nuevo modelo la SEP no tenía preparado nada. “Se percibe que ni siquiera tiene los libros, que, si los hacen, sería una revolución. Se trata de seis libros nuevos para el pilotaje que aún no están listos, entonces estoy segura de que no tenían las cosas ya para arrancar este nuevo programa de estudios”.
Director de Activación Local de la organización civil Mexicanos Primero, Erik Avilés Martínez considera que “es de celebrarse que prevalezca el Estado de derecho. Nos solidarizamos con el hecho de que la sociedad civil se active en el debate educativo, también por la vía judicial. Exhortamos a que se difunda y valore el alcance del amparo, y que en todos los casos se ponga auténticamente en primer lugar el interés superior de la niñez”.
Considera que es importante que la autoridad educativa tome nota “sobre la rectificación sensata respecto a la actitud desafiante que había asumido la SEP ante mandatos judiciales previos. Es decir, sienta precedentes para que pueda advenir una mejor actitud de la SEP ante las resoluciones que ha emitido el Poder Judicial respecto a diversos asuntos que Mexicanos Primero ha promovido, pero que por falta de voluntad política no se han acatado debidamente”.
Asegura que la SEP tiene facultades para establecer un piloteo de planes y programas, pero aclara que es importante que los pasos para la modificación de planes y programas de estudio, se realicen con el acompañamiento de académicos, expertos, sociedad civil, maestros, familias y ciudadanía.
El abogado de ECR, Miguel Ángel Ortiz, señala que la SEP debe instalar el Consejo Nacional de Participación Escolar para que el nuevo modelo educativo cuente con el aval de esa instancia, además de que se requiere subsanar los vacíos de incertidumbre que fueron señalados por el Poder Judicial en torno a la falta de capacitación de los maestros y de materiales.
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