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Senadores advirtieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la Ley Bonilla en Baja California, que representa una alerta para el país; cuestionaron a la titular de la dependencia sobre la participación de la Iglesia en asuntos del gobierno federal, y reprocharon que el entidad encargada de la política interior haya sido desplazada en el tema de migración.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió ante el pleno del Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal. Se trató de la primera comparecencia en la Cámara Alta, en donde las legisladoras resaltaron el hecho de que Gobernación sea encabezada por una mujer.
Fueron cuatro horas en la que Sánchez Cordero inició con el recuerdo de hace cinco años, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron y a la fecha nada se sabe.
En la primera ronda de preguntas, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, lanzó el reto. Se refirió a la llamada Ley Bonilla en Baja California, con la que se permite al próximo mandatario, Jaime Bonilla (Morena), ampliar el periodo de su mandato de dos a cinco años.
“Un destacado político al que usted y yo apreciamos, Porfirio Muñoz Ledo, expresó que en el tema de Baja California hay un tufo de separatismo. ¡Cuidado!, si esa Legislatura irresponsable y corrupta se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en permitir las tentaciones de propósitos separatistas con un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente”, dijo.
Al dar respuesta, la secretaria de Gobernación alzó la voz: “Expresé hace semanas mi opinión personal sobre la Ley Bonilla: es inconstitucional, no ha cambiado, punto, la sostengo”.
Subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra.
La Iglesia. Sánchez Cordero hizo referencia a la relación entre el Estado y la Iglesia. El carácter laico del gobierno mexicano y la separación ente éste y las iglesias, señaló, son producto de la historia y de quien consideró el mejor presidente de México: Benito Juárez.
“No está en la agenda de reformas del gobierno proponer, en esta materia, cambios a nuestra Constitución ni a la ley”, dijo.
La senadora de MC, Patricia Mercado, la cuestionó sobre los acuerdos que se tienen con asociaciones religiosas para la repartición de la llamada cartilla moral.
La funcionaria respondió que el gobierno federal está interesado en dialogar con todas las iglesias y con las comunidades religiosas para escuchar sus preocupaciones, su visión de la realidad y qué perciben de los conflictos sociales, entre otros.
Política migratoria. La mayoría de las fracciones le reprocharon a la secretaria de Gobernación por dejar en manos de Relaciones Exteriores la política migratoria.
La secretaria Sánchez Cordero defendió que este tema sigue en manos de la Secretaría de Gobernación, incluso por ley.
Justificó que debido a nuevas medidas migratorias impuestas por Estados Unidos, se tuvo que responder ante el amago de imposición progresivo de aranceles.
“Quiero ser muy clara: la política migratoria es y seguirá siendo parte de la política interior a cargo de Gobernación”, afirmó.