La Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República rechazó la propuesta de la Fiscalía General de la República ( FGR ) para reclasificar el delito de feminicidio , en el Código Penal Federal, y externaron su preocupación al respecto.

En una tarjeta informativa, las legisladoras expusieron que el Senado ni siquiera ha recibido una propuesta formal de la FGR, cuando ésta “ya fijó una postura institucional a través de un comunicado de prensa emitido la tarde de este martes”.

En la comunicación, el organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero argumentó que con el delito clasificado como está actualmente, se enfrentan una serie “condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente la judicialización del feminicidio”.

Es decir, que con la reclasificación del delito como un ‘tipo penal sencillo’ -un homicidio cometido contra una mujer- la pena más alta para quien lo cometa puede ser de 40 a 70 años de prisión, lo que no sucede con la clasificación actual.

Las senadoras señalaron que la postura de la Fiscalía “representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”, y acusaron a la Fiscalía de “partir de un diagnóstico equivocado”.

“La propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014.

“Ahí, la Corte declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal de Chihuahua, ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado”, recordaron las legisladoras.

Las integrantes de la Comisión afirmaron que la propuesta de la Fiscalía es desechable, además, porque podría ser inconstitucional, por contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

“Argumentar las dificultades que enfrentan las y los impartidores de justicia para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al sistema judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres”, añadieron.

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