Más Información
Diariamente mueren en promedio 44 personas en México a causa de accidentes viales y muchas más sufren lesiones temporales o permanentes, de las cuales 130 mil quedan discapacitadas cada año.
Ante esta realidad, el año pasado se reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar a toda persona el derecho a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
A partir de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 18 de diciembre de 2020, el Senado de la República tenía 180 días para aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.
La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, Patricia Mercado, reconoció que ha habido diferencias entre los legisladores, que ha obstaculizado la aprobación de esta ley reglamentaria.
Sin embargo, aseguró que hay la voluntad de todas las bancadas para avalar dicha ley antes del próximo 15 de diciembre: “Todos los grupos parlamentarios se pusieron a trabajar sobre sus acuerdos y sus diferencias. Me parece que estaremos en las próximas semanas, dos o tres, en condiciones ya de votar en comisiones, tanto en la de Movilidad como en Estudios Legislativos Segunda, un dictamen que, en lo general, estoy segura que va a ser un proyecto que va a ser votado unánimemente”, afirmó.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) aclaró que la nueva ley será de avanzada y no pretende aplastar las normas que ya existen en 15 entidades federativas, “por el contrario, busca ser un piso común de derechos, acciones de política pública e inversión presupuestal” en favor de la población.
“Esta ley tiene como objeto, en primer lugar, reducir las muertes. Todos los días 44 personas salen de su casa y no regresan por un siniestro vial donde pierden la vida, además de las discapacidades [que generan tras el accidente].
“Los atropellamientos son la primera causa de muerte de niños, entonces en primer lugar esto y por supuesto la movilidad, el derecho a la movilidad es como la llave de los derechos”, explicó la senadora.
En la elaboración de la nueva ley han participado expertos y diversas organizaciones de la sociedad civil, con el fin de lograr la mejor legislación posible.
Arely Carreón, miembro del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura, que agrupa a más de 70 organizaciones civivles, señaló que la propuesta que hizo la sociedad el año pasado, a través de la senadora Nancy de la Sierra, es acorde al Plan Global por la Seguridad Vial de la ONU y a la Declaración de Estocolmo.
“Lo que la sociedad civil mexicana está pidiendo, trayendo a la mesa e impulsando, es la mejor práctica internacional, lo que ya sabemos que funciona. Aquí no se trata de la creatividad y de empezar a ver si aquí inventamos el agua tibia, a ver si nos ocurre algo nuevo.
“Aquí es aplicar lo que llevamos décadas estudiando a escala global que funciona, que efectivamente salva vidas y proponernos hacer lo necesario para que podamos algún día llegar al sueño de que la calle y la carretera sean seguras para todos”, dijo.
“En nuestro país están muriendo año tras año alrededor de 16 mil personas en accidentes viales, que nueve de cada 10 podrían prevenirse y más de la mitad son peatones. Es la primera caída de muerte de bebés, niñas, niños y jóvenes mexicanos hasta los 29 años.
“Ningún otro problema o riesgo mata más jóvenes mexicanos que los siniestros viales y aparece siempre entre las primeras causas de discapacidad en nuestro país. Alrededor de 130 mil personas al año adquieren una discapacidad por accidentes viales, y aparece también siempre entre los primeros lugares que producen orfandad”, apuntó.
Destacó además que los accidentes viales son también uno de los factores que producen y exacerban la pobreza, “porque después de un siniestro vial, tanto la atención médica como el perder los ingresos del proveedor primario de la familia, o el tener una enfermedad, un conflicto de salud o una discapacidad permanente, claramente le causa a la familia un impacto económico brutal”.
La coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, Alejandra Leal, señaló que lo que está pendiente aún por definir es la homologación de la velocidad máxima por tipo de calle o de vialidad en todo el país, así como los índices de alcohol en la sangre permitidos a nivel nacional
Detalló que una de las trabas que han impedido que se tenga lista la ley reglamentaria es que no se ha definido cómo se van a organizar los tres órdenes de gobierno.
“Si bien la creación de una agencia de seguridad vial se ve compleja en este momento, sí propusimos la creación de un sistema de movilidad y seguridad vial, equivalente a los sistemas de transparencia”, ahondó.
Alejandra Leal destacó entre las propuestas consensuadas el que se cuente con un registro nacional de vehículos, pues se desconoce cuántos circulan en las calles, así como otro nacional de licencias, para homologar sanciones y evitar que se expidan licencias en varios estados para la misma persona.
Cabe decir que se busca que la ley reglamentaria obligue a mejorar el transporte público, innovar en infraestructura, así como proporcionar tranquilidad a la población para que llegue a sus destinos con seguridad.
El proyecto de ley establece que “el Estado deberá proveer a toda persona y a la colectividad de un sistema integral de movilidad que permita, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, el efectivo desplazamiento de todas las personas en el territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.
“Todas las actividades que realice el Estado en materia de movilidad y seguridad vial deben estar dirigidas a la garantía efectiva del derecho a la movilidad.
“Es obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles, diseñar sus políticas, presupuestos y regulaciones en materia de movilidad y seguridad vial, de manera que se priorice el cumplimiento de este derecho, así como otros relacionados, como el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el derecho a la protección de la salud”, refirió.
