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El Senado de la República mantiene en la congeladora legislativa 76 nombramientos, algunos incluso a pesar de fallos judiciales, entre ellos, tres comisionados del Inai que Morena y el gobierno federal se niegan a concretar ante la visión presidencial de la desaparición del organismo autónomo; además, 47 magistrados regionales y locales del TEPJF y decenas de consejeros, vocales e, incluso, el presidente del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Especialistas en transparencia, analistas políticos y senadores expusieron a EL UNIVERSAL que si bien la prioridad para la oposición son los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el oficialismo busca como estrategia y por instrucción presidencial frenar todos estos nombramientos que también tienen que ver con temas de derechos humanos, justicia electoral, administrativa e incluso para vigilar la actuación de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos nombramientos se encuentran en el impasse legislativo desde hace casi dos años, todo ello en medio de la crisis y confrontación entre el oficialismo y la oposición.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, dijo que se trata de una “omisión muy grave” por parte de la Cámara Alta, sobre todo en el caso de los tres comisionados del Inai.
“Se debe reflexionar en el Senado sobre esta grave omisión y en el caso del Inai, incluso, desacato que se deriva de una decisión política de la mayoría y sus aliados de no permitir que estos organismos puedan cumplir con sus funciones y prefieren matarlos de inanición, ahorcándolos, dejándolos sin quórum, sin presupuesto”, apuntó.
El senador por Movimiento Ciudadano indicó que el oficialismo cree que “pateando el bote” en estos más de 70 nombramientos pueden obtener mejores resultados para sus propios fines políticos, pero sobre todo como una estrategia para favorecer al Presidente y su gobierno.
Puntualizó que cuando el constituyente planteó el número de magistrados, comisionados, consejeros, no fueron ocurrencias porque son números que permiten el funcionamiento adecuado, “no es que se les haya ocurrido un número al arbitrio, tienen un objetivo, un espíritu para lograr equilibrios, contrapesos para que existan deliberaciones y sus decisiones puedan ser colegiadas, colectivas”.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que “sólo se ha avanzado en los nombramientos que tienen la bendición política de la Presidencia de la República. Cuando los funcionarios nombrados son cercanos al Presidente, los órganos que unos días antes eran controversiales, se convierten en órganos aliados y toda tensión política desaparece”.
Argumentó que en el caso de estos nombramientos, que no son designación directa del Presidente y tienen que conciliarse con la minoría parlamentaria, no parece haber ni interés ni disposición de nombrarlos. Eso supondría tener que negociar con la oposición y por estrategia electoral hacia 2024, el gobierno será renuente a hacerlo.
Dijo que el Poder Judicial puede ordenar el nombramiento, pero la salida política para el gobierno es muy sencilla: “Si no hay consensos con la oposición, no pueden forzar los nombramientos”.
“Bajo este argumento, no habría consecuencia alguna para los legisladores. Ni siquiera en las urnas. Estos temas, pese a su importancia política, difícilmente serán parte de la información que sopesen los electores en 2024”, indicó Bohórquez.
José Perdomo, analista político y académico de la Universidad La Salle, consideró que el Senado tiene paralizados los nombramientos en diversos organismos autónomos por instrucción presidencial, para favorecer la opacidad y dar manga ancha a la corrupción, pero también para frenar la competitividad, la rendición de cuentas en temas de educación, justicia y derechos humanos.
“Hay una estrategia deliberada de Morena y sus aliados para debilitar al Inai e, incluso, para dejar acéfalos a los tribunales estatales en materia electoral y a las salas regionales; ello, al fracasar el plan A y B del Presidente que busca acotar a los organismos electorales, lo cual es muy grave de cara a las elecciones federales de 2024”, apuntó.
Dijo que este impasse legislativo de mantener en la congeladora 76 nombramientos es una estrategia que se está utilizando en el gobierno de la Cuarta Transformación cuando no pueden nombrar perfiles a modo, con una clara filiación con Morena o que sean leales a López Obrador, se opta por dejarlos sin presupuesto o acéfalos, sin comisionados, sin magistrados, sin consejeros, para que no puedan sesionar o emitir fallos, recomendaciones o transparentar la corrupción.
El senador por Morena José Narro señaló que no hay un bloqueo a los nombramientos pendientes por parte del oficialismo o del gobierno federal, con excepción del tema del Inai, donde se busca que este organismo sea parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una instancia de rendición de cuentas que es parte de la Cámara de Diputados.
Expuso que se busca avanzar en los nombramientos pendientes de 42 magistrados electorales y otros en instancias como la CNDH, la FGR y el Tribunal Agrario y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
Rechazó que se busquen nombramientos a modo o contentillo del gobierno federal, pero dejó en claro que en el tema del Inai se debe impulsar una reforma para “reconstruirlo” y que sea una instancia menos costosa para el Estado, que se ahorren recursos y que se cumpla con la visión de Estado que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este tipo de organismos.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal del PAN, expuso que el presidente López Obrador, con su visión “autoritaria y antidemócrata”, quiere controlar o destruir a los ocho órganos constitucionales autónomos de distintas maneras, pues ya tiene el pleno dominio de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también logró imponer a sus incondicionales en el Banco de México y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) buscó desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) e intenta paralizar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Inai.
Dijo que el IFT enfrenta una situación similar al tener tres vacantes en su órgano de dirección, motivo por el cual este instituto regulador también presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2022, para obligar al Presidente de la República a que dé a conocer sus propuestas de designaciones para que el Senado las ratifique, que está pendiente de resolución.
En agosto de 2022, después de dos años de limitaciones funcionales por tener incompleto su pleno de comisionados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional, por la omisión de la Presidencia de la República de proponer al Senado a las candidatas a comisionadas para llenar las tres vacantes. La SCJN aún no resuelve el tema.
