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El Senado carece de interés legítimo para presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que declaró las obras de infraestructura del gobierno como asunto de seguridad nacional, determinó la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Luego de que 53 senadores de oposición solicitaron a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que presentara dicho recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la exsecretaria de Gobernación informó que dicha petición no procede.
“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores”, informó a los grupos parlamentarios promoventes del recurso legal.
La ministra en retiro explicó que, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, “en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto al Senado”.
“Al ser la controversia constitucional un medio de control de la constitucionalidad, el promovente (...) debe plantear la existencia de un agravio en su perjuicio. Este detrimento debe ser entendido como un interés para instar esa vía que, consecuentemente, radica en la afectación que resienta en su esfera de atribuciones”, dijo.
Sin embargo, aclaró que esta conclusión, a la que llegó luego de hacer consultas con su equipo de asesores jurídicos, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.
Sánchez Cordero señaló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, “bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.
Agregó que la presidencia del Senado representa la unidad, lo que implica escuchar todas las voces, “como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político, por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”.
La senadora consideró que el acuerdo presidencial se sustenta en la atribución del Ejecutivo federal para determinar la política en la materia, en términos de la Ley de Seguridad Nacional, sustentada en la preservación de la democracia, “fundada en el desarrollo económico y social, que constituye un interés permanente de la seguridad nacional”.
El pasado 25 de noviembre, 53 legisladores del PAN, PRI, MC, PRD y el grupo plural presentaron a la Mesa Directiva una petición formal para que se interpusiera una controversia contra el acuerdo presidencial publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
En una respuesta inicial, Olga Sánchez dijo que sometería la solicitud a consideración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, pues argumentó que tenía “serias dudas” sobre el interés y la legitimación del Senado para presentar dicho recurso ante la Corte.
Ante la negativa de la presidenta del Senado, el grupo plural, integrado por cinco legisladores, reconoció que no hay nada que hacer desde el Poder Legislativo para impugnar el polémico acuerdo presidencial.
La bancada sin partido señaló que lo único que les queda a los senadores que rechazan la decisión del presidente López Obrador es esperar que proceda la controversia constitucional que anunció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que considera que el dictamen “puede vulnerar el derecho al acceso a la información”.
El Inai, que se apresta a aprobar en sesión pública su decisión, planteó que el documento suscrito por el Presidente, implica “una posible transgresión” al artículo 6 de la Constitución, “en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, según el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”.
