El pleno del Senado aprobó un exhorto dirigido a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social, a fin de que intervengan tres empresas que operaban en forma conjunta con Mexicana de Aviación y que de manera ilegal posee y usufructúa Aeroméxico , en detrimento de extrabajadores de la aerolínea que dejó de volar en 2010 y no han recibido su liquidación.
Mexicana de Aviación
suspendió operaciones en septiembre de 2010 , y "desde entonces ocho mil 267 empleados sindicalizados y de confianza continúan gestionando el cobro de sus liquidaciones, y acusan que de sus activos sólo han recibido en 2018, el producto de la venta de ocho aviones y dos motores", expuso la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al pleno en la asamblea de este jueves.
El presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), dijo que hay malversaciones y desvío de activos y las agrupaciones sindicales y de empleados de confianza acusan a Aeroméxico de enriquecerse de tres empresas .
Se trata del centro de capacitación de pilotos, sobrecargos y mecánicos "Alas de América"; de la empresa de manejo de equipaje y atención de aviones en tierra, "Servicios de Apoyo en Tierra" (SEAT), así como de la compañía de transportación de mercancías y paquetería dentro de los aviones, " Aeromexpres ", reporta la proposición que presentó en febrero el senador Eduardo Ramírez Aguilar.
"De la operación de las tres empresas, por parte del Grupo Aeroméxico, no se ha reflejado ninguna compensación a favor de Mexicana de Aviación y sus trabajadores", dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Agregó que "se han presentado denuncias penales ante la entonces PGR y en contra de la administración de Gastón Azcárraga, desde que dejó Mexicana de Aviación, y no se ha revisado cómo se dispusieron los activos de las tres empresas".
Denunció que "Grupo Aeroméxico cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2011 , y se ha ostentado públicamente como dueño de 100% de las acciones de Alas de América, SEAT y Aeroexpress , y con ello se corrobora que se ha aprovechado indebidamente de dichos bienes y derechos.
Por tanto, el Senado propone la intervención de las autoridades para salvaguardar los intereses de los trabajadores y los inversionistas.
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