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El pleno del Senado aprobó la renuncia de
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), con 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, luego de 20 intervenciones en tribuna, en las que Morena descalificó el perfil de quien enseguida sería exministro.
La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa , una vez aprobada la renuncia de Medina Mora, declaró la vacancia del asiento en la SCJN , por lo que se abre el proceso de nueva elección de una ministra o ministro.
Votaron en contra, por considerar que Medina Mora debió comparecer ante el Senado, Samuel García Sepúlveda, Víctor Oswaldo Fuentes Solís e Índira Kempis Martínez.
Las abstenciones fueron de Emilio Álvarez Icaza Longoria, Claudia Edith Anaya Mota, Clemente Castañeda, Julen Rementería del Puerto y Verónica Delgadillo García.
En el caso de Álvarez Icaza y Castañeda también se inconformaron por el papel del Senado en este asunto.
En la discusión, Félix Salgado Macedonio (Morena) celebró la renuncia de Medina Mora y aseguró que "faltan otros (ministros) que van a ir poniendo su renuncia, porque están muy embarrados y no van a aguantar la cuarta transformación".
A la falta de argumentos que hubiera expuesto Medina Mora como "causa grave" de su renuncia, se abrió una discusión sobre los motivos que hubiera tenido para separarse del cargo 10 años antes del término de su encargo.
El PAN demandó que se cumpliera la Constitución que en el párrafo tercero del artículo 98
establece que se debe ratificar la renuncia por causa grave, a lo cual oradores de Morena señalaron que era conocido que Medina Mora es un caso de corrupción y de abusos de poder.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) señaló que Medina Mora es uno de los ministros más cuestionados y de que haya llegado a la Corte es responsabilidad de quienes aprobaron un dictamen de elegibilidad en la Legislatura anterior, en el que se debió acreditar que "goza de buena reputación".
En cambio, el renunciante no debió ser electo por falta de profesionalismo, incapacidad, ineficacia e incompetencia, dijo Bañuelos de la Torre, además de que tiene responsabilidades en los casos de Atenco, Rápido y Furioso, y en la represión contra la APO, entre otros casos.
La renuncia de Medina Mora sirve para sanear la reputación e imagen de la Corte, y su salida se da en medio de una investigación y no representa un golpe al poder Judicial federal por parte del Ejecutivo, señaló Bañuelos.
El priista Mario Zamora Gastélum fue el penúltimo orador y único que posicionó por su partido, y dijo que en esta renuncia "se debe cumplir con la ley, y el Senado debe hacer valer la legalidad de la renuncia".
Afirmó el senador sinaloense que "no se puede especular sobre las causas de la renuncia y el Senado debe ceñirse a lo que legalmente le compete".
El senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) informó que por conducto de una tercera persona, Medina Mora informó que informaría de la "causa grave" de su renuncia, y afirmó que "no sabemos que se va a desencadenar en la Fiscalía General de la República".
Medina Mora, nacido en 1957 en Ciudad de México, fue nombrado por el Senado minsitro de la SCJN en marzo de 2015 a propuesta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), para un periodo de 15 años que debería terminar en 2030.
La renuncia ocurrió la tarde del 3 de octubre en el contexto de reportes sobre pesquisas de la Secretaría de Hacienda sobre presuntas transferencias a sus cuentas entre 2013 y 2017 por más de 103 millones de pesos (5,2 millones de dólares), cifra cuatro veces más grande que los ingresos que tuvo como embajador mexicano en Estados Unidos y ya como magistrado ese lapso.
Desde su nombramiento como juez de la SCJN, Medina Mora fue cuestionado por varias organizaciones civiles que lo acusaron de estar "implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos" cuando desempeñó cargos de seguridad pública.
Sobresale la represión de mayo de 2006 a pequeños propietarios que se oponían a un plan para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, Estado de México, un caso que recientemente fue fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de las autoridades.
