Tras una larga sesión aderezada con descalificaciones y reclamos de la oposición a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, por apresurar el cierre de la votación, el Senado de la República aprobó el decreto de interpretación del alcance del concepto de propaganda gubernamental, con lo que los servidores públicos podrán promover la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril sin ser sancionados.
Además, en fast track, en menos de cinco horas, fue publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, por lo que entró en vigor en el primer minuto de este viernes.
Con 67 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES, y 25 en contra, del PAN, PRI, MC, PRD y el grupo plural, el Senado avaló el dictamen que interpreta los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33 y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Así, se establece que la promoción de la consulta sobre la revocación de mandato no es propaganda, por lo que su divulgación por parte de cualquier servidor público no será considerada ilegal, aun en periodo de veda.
Los senadores de Morena justificaron el dictamen con el argumento de que se busca evitar contradicciones, así como la violación a los derechos de la libertad de expresión y al acceso libre a la información pública.
El decreto estipula que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.
Además, plantea que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, que están sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.
“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.
Luego de que Morena y sus aliados aprobaron en lo general la iniciativa, los grupos parlamentarios de oposición inscribieron 14 reservas para modificar el dictamen durante la discusión en lo particular, pero todas fueron rechazadas por la mayoría. Al final, el pleno avaló con 67 votos a favor y 34 en contra.
Los senadores del bloque de contención, integrado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, además del grupo plural, advirtieron que impugnarán el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tribuna, la priista Claudia Ruiz Massieu calificó la iniciativa aprobada como un “fraude a la Constitución” y un abuso de la mayoría parlamentaria para, mediante la interpretación a modo, establecer una regla particular concreta que los beneficia, pues además de poder hacer propaganda a favor del Presidente, desactivan las denuncias presentadas ante la autoridad electoral contra gobernadores, la jefa de gobierno y otros servidores públicos, por violación a la veda.
“Entonces, acéptenlo, con esta aberración lo que quieren es colocarse por encima de la ley y evadir las sanciones para ustedes y para sus correligionarios, gobernadores y gobernadoras de Morena, funcionarios públicos, para que puedan seguir violando la Constitución como hasta ahora lo han hecho y no tener ninguna sanción”, puntualizó.
La senadora del PAN Alejandra Reynoso advirtió que el tema no es sólo la revocación de mandato, pues esta interpretación es para cualquier proceso electoral y se sienta un precedente “muy penoso” para ignorar la veda electoral de este y de todos los procesos electorales “en cualquier otro proceso federal o local”.
Dijo que lo que pretenden Morena y sus aliados es que no sea ilegal lo que han hecho durante los últimos meses, es decir, utilizar recursos públicos y programas sociales para promover la consulta de revocación de mandato.
Los legisladores de Morena afirmaron que lo único que hicieron es garantizar que cualquier funcionario o ciudadano puedan informar y ser informados dentro del ámbito electoral.
“Que ninguna autoridad electoral quiera violentar el derecho de Andrés Manuel López Obrador y cualquier funcionario público para ejercer el derecho de la libertad de expresión, garantizados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expusieron.